Polémica en Neuquén: un proyecto dejaría sin sueldo a los políticos por plagio

Fernando Pérez Castillo, vecino de la ciudad rionegrina de Cipolletti y autor de otros proyectos ingresados previamente en la Legislatura de Neuquén, presentó una nueva iniciativa que propone crear un régimen de protección integral de la autoría de los proyectos legislativos y establecer sanciones económicas y administrativas ante casos de copia o plagio.

El proyecto fue presentado de manera formal ante la Legislatura provincial y apunta a regular tanto las iniciativas impulsadas por ciudadanos como aquellas elaboradas por legisladores o concejales.

El objetivo del proyecto

Según el texto, la iniciativa busca “proteger la autoría de los proyectos legislativos, garantizando un resarcimiento económico al autor original y destinando las sanciones a fines de asistencia social en caso de falta ética”.

En la fundamentación, el autor sostiene que la propuesta introduce el concepto de una “Justicia Ética Permanente” y que apunta a fortalecer la calidad institucional del sistema democrático.

“La propiedad intelectual del vecino es sagrada”, afirma Pérez Castillo, al tiempo que plantea que el régimen permitiría “premiar al ciudadano que se toma el trabajo de proponer soluciones y obligar al representante a ser un verdadero creador de normas”.

Plazo de exclusividad y control previo

El proyecto establece que toda iniciativa presentada gozará de un plazo de exclusividad de cuatro años. Durante ese período, la Secretaría Parlamentaria dispondría de 72 horas hábiles para detectar posibles copias mediante un sistema de cotejo digital, antes de girar los proyectos a comisión.

El objetivo de este control temprano es evitar la duplicación de iniciativas y garantizar el reconocimiento de la autoría original.

Multas y compensaciones económicas

La iniciativa prevé un esquema de compensaciones económicas en caso de detectarse una copia, con montos diferenciados según quién copie y quién sea el autor original:

• De legislador o concejal a ciudadano: multa de 4.000.000 de pesos.
• De legislador o concejal a legislador o concejal: multa de 1.000.000 de pesos.
• De ciudadano a ciudadano, o de ciudadano a legislador o concejal: multa de 450.000 pesos.

Estos montos deberán abonarse al autor original del proyecto como forma de resarcimiento.

Sanciones administrativas y destino social de los fondos

Además de las multas, el proyecto contempla sanciones administrativas para los funcionarios que presenten copias sin haber cumplido previamente con el resarcimiento económico. En esos casos, se prevé el cese de haberes por un año, con destino específico de esos fondos.

En la fundamentación, Pérez Castillo remarca el impacto social de la medida: “El error del político se convierte en el pan de los ancianos y el refugio de los más necesitados”, al señalar que los recursos se destinarían a hogares de ancianos y a personas en situación de calle.

Reincidencia y sanciones agravadas

Uno de los puntos centrales del proyecto es que la responsabilidad ética no se limita al cargo que se ocupa, sino que recae sobre la persona. En ese sentido, se establece que la reincidencia será considerada aun cuando el funcionario cambie de función o nivel institucional.

“Si una persona ya demostró falta de originalidad o ética en un municipio y repite esa conducta a nivel provincial, la ley debe ser implacable”, sostiene el autor. En esos casos, la sanción podría implicar trabajar sin goce de haberes por el resto del mandato.

Destitución por reiteración de la falta

El proyecto también contempla la destitución automática del funcionario en caso de que se comprueben dos actos de copia, sin importar en qué cargos se hayan producido. La medida se fundamenta en lo que el texto define como “inhabilidad moral sobreviniente”.

“Si vuelve a copiar, trabajará gratis por el resto de su mandato. Es una forma de decirle a la sociedad que este representante no está aquí para servir a sus ideas, sino para resarcir el daño causado a la integridad del sistema”, señala la fundamentación.