Estatales profundizan las protestas en Córdoba y apuntan contra Llaryora y Milei

En un clima de alta tensión política, los sindicatos estatales y aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba profundizaron su plan de lucha con una protesta sorpresiva en las rutas de acceso a Jesús María, en coincidencia con la visita del presidente Javier Milei al tradicional Festival de Doma y Folklore.

La movilización tuvo como principal objetivo visibilizar el rechazo a la reciente ley provincial que incrementa los aportes de los trabajadores activos y reduce los haberes jubilatorios, además de reclamar el envío inmediato de los fondos que la Nación adeuda al sistema previsional cordobés.

Críticas al gobernador y repudio a las políticas nacionales

Desde los gremios cuestionaron con dureza al gobernador Martín Llaryora, a quien acusaron de no reclamar los recursos adeudados por la Nación “por pánico a enfrentarse con Milei”. En ese marco, también repudiaron las políticas nacionales y denunciaron un ajuste que impacta directamente sobre salarios y jubilaciones.

Denuncia penal y rechazo a la judicialización

La conflictividad se profundizó tras la denuncia penal presentada por la empresa Caminos de las Sierras contra los manifestantes. El bloque de 23 gremios estatales -integrado, entre otros, por la UEPC, SEP, SUOEM y seccionales de La Bancaria y Luz y Fuerza- rechazó el accionar judicial y lo calificó como un intento de “criminalizar la protesta social”.

“Frente al ajuste, la protesta social no es un delito: es la única herramienta que tenemos las y los trabajadores para defender el salario y una jubilación digna”, expresaron en un comunicado conjunto.

Más medidas y apertura al diálogo

Las organizaciones sindicales anticiparon que las acciones de protesta continuarán durante el resto de enero en distintos puntos de la provincia, con impacto en escuelas, hospitales y municipios. No obstante, afirmaron estar dispuestas a abrir instancias de diálogo con el Gobierno provincial para buscar soluciones al conflicto previsional “sin ajustar a trabajadores ni jubilados”.

ND