Como Milei, Melella metió el veto en Tierra del Fuego: la ley beneficiaba a los municipios

El Gobierno de Tierra del Fuego vetó de manera total una ley aprobada por la Legislatura provincial en la última sesión ordinaria de 2025, que modificaba el régimen de coparticipación de las regalías hidrocarburíferas.

La iniciativa reemplazaba el inciso c) del artículo 4° de la Ley Provincial N° 892 y elevaba del 20% al 28% la porción de esos recursos destinada en conjunto a los municipios, a distribuirse según la cantidad de habitantes de cada comuna.

La norma había sido sancionada el 22 de diciembre de 2025 y se inscribía en un paquete de decisiones adoptadas en la misma sesión en la que también se ratificó el acuerdo de prórroga de concesiones hidrocarburíferas en áreas estratégicas de la provincia.

El veto del Poder Ejecutivo

Mediante el Decreto Provincial N° 0042/26, fechado el 12 de enero de 2026, el Poder Ejecutivo —entonces a cargo de la vicegobernadora en ejercicio— resolvió vetar íntegramente el proyecto y devolverlo a la Legislatura.

En el decreto se argumenta que la modificación aprobada “resulta desproporcional e irracional” y altera el equilibrio financiero y constitucional del régimen de coparticipación vigente.

Falta de fundamentos técnicos y riesgos económicos

Uno de los ejes centrales del veto es la ausencia de estudios técnicos que respalden el aumento de recursos para los municipios. El Ejecutivo sostuvo que la ley fue sancionada sin informes de impacto económico, ambiental ni sobre reservas hidrocarburíferas, lo que —según el decreto— expone a la provincia a “riesgos de inestabilidad en su matriz productiva”.

Además, se remarca que el proyecto fue tratado “sobre tablas” y en base a la presunción de un beneficio fiscal incluido en el acuerdo de prórroga de concesiones, presunción que el Gobierno considera incorrecta, ya que el esquema de regalías ratificado mantiene las condiciones del convenio original con YPF.

Impacto en las finanzas provinciales y compromisos asumidos

El Ministerio de Economía provincial advirtió que la promulgación de la ley hubiera puesto en riesgo el cumplimiento de compromisos financieros ya asumidos por la provincia. En particular, señaló que una parte de los ingresos por regalías se encuentra afectada al pago de deuda externa contraída en 2017 y recientemente reestructurada, por lo que una reducción de esos recursos comprometería obligaciones vigentes.

Desde esa cartera también se sostuvo que el incremento del porcentaje municipal desdibujaría el régimen actual de coparticipación, concebido para preservar las regalías hidrocarburíferas como un componente central de la estructura financiera provincial y para garantizar el financiamiento de servicios esenciales como salud, educación, seguridad y justicia.

La postura de la Agencia de Recaudación Fueguina

La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) también intervino en el análisis y calificó la medida como “a todas luces desproporcional”. Según sus estimaciones, aun en un escenario hipotético de beneficios fiscales para la empresa concesionaria, la eventual pérdida para los municipios sería sensiblemente menor que el aumento de recursos que implicaba la ley vetada.

El Ejecutivo consideró que esta diferencia tornaba la modificación “absurda e incongruente” desde el punto de vista económico.

Argumentos constitucionales y de equidad fiscal

El decreto de veto invoca principios de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial. En ese marco, se recuerda que el artículo 75 inciso 2 de la Carta Magna establece que la coparticipación debe ser equitativa, solidaria y acorde a las competencias y funciones de cada jurisdicción.

Para el Ejecutivo fueguino, aumentar los recursos municipales sin una transferencia correlativa de servicios o responsabilidades vulnera los principios de razonabilidad y responsabilidad fiscal.

Asimismo, se señala que la Provincia asume de manera exclusiva la prestación de servicios públicos esenciales, mientras que los municipios no incorporaron nuevas cargas que justifiquen un mayor porcentaje de coparticipación.

Con el veto total, el proyecto volvió a la Legislatura provincial, que deberá definir si insiste con la iniciativa con la mayoría especial que establece la Constitución fueguina o si acepta la decisión del Ejecutivo. El debate reabre una discusión de fondo sobre la distribución de recursos entre la Provincia y los municipios y sobre el rol de las regalías hidrocarburíferas en el financiamiento del Estado fueguino.