El enfrentamiento entre el Gobierno de Gustavo Petro y los gobernadores escaló más allá de una disputa técnica y se convirtió en un choque político de fondo sobre quién controla los recursos del Estado. El incremento de los impuestos al alcohol y al tabaco, decretado bajo la figura de emergencia económica, expuso una fractura persistente entre la Casa de Nariño y las autoridades regionales, que reclaman haber sido excluidas de una decisión que afecta directamente sus finanzas.
Desde las regiones, el malestar no se limita al contenido del decreto sino a su forma. Gobernadores y alcaldes sostienen que la medida altera una fuente de ingresos clave para sostener hospitales, programas sociales y deporte local, y advierten que el Ejecutivo avanza sobre competencias históricamente descentralizadas. El conflicto, además, se da en un contexto de debilidad política del Gobierno en el Congreso y de creciente tensión preelectoral.
El núcleo del desacuerdo reside en la naturaleza del impuesto al consumo de licores y tabaco, considerado por los departamentos como una renta cedida que forma parte de su autonomía fiscal. Para los mandatarios regionales, la decisión de modificarla por decreto no solo rompe el equilibrio territorial, sino que sienta un precedente peligroso para futuras intervenciones del poder central sobre recursos locales.
El Ejecutivo, en cambio, defiende el decreto como una herramienta legítima frente a una coyuntura extraordinaria. Desde el Gobierno se insiste en que el aumento impositivo responde a criterios de salud pública y a la necesidad de garantizar ingresos tras el bloqueo legislativo de la reforma tributaria. La confrontación, así, revela una tensión estructural entre un proyecto presidencial centralizador y un sistema territorial que reclama mayor participación en las decisiones fiscales.
.@petrogustavo nos dobló el precio de la gasolina de 9.000 a 16.000 pesos el galón. Ahora, en campaña, dice que la va a bajar 2.000 pesos; es decir, nos deja el galón en 14.000, un 60 % más costoso que cuando arrancó su gobierno. Y lo más jodido es ver a los petristas celebrando…
— Lina Maria Garrido (@linamariagarri1) January 18, 2026
La disputa ya se trasladó al terreno jurídico, donde la Corte Constitucional deberá definir si el decreto cumple los requisitos de la emergencia económica y si respeta los límites de la descentralización. El fallo no solo tendrá impacto sobre la vigencia del impuesto, sino que marcará el alcance real del Ejecutivo para legislar por decreto en materia tributaria.
El Presidente @PetroGustavo afirmó que, tras decretar la emergencia económica y aplicar impuestos a los grandes patrimonios, mejoró la confianza del mercado internacional en Colombia.
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 15, 2026
Explicó que "cayeron las tasas de interés y el riesgo país”, lo que permitió que la demanda por… pic.twitter.com/wlUMMJKmbA
Mientras tanto, el conflicto deja al descubierto una relación deteriorada entre Petro y buena parte de los gobernadores, incluidos algunos que inicialmente fueron aliados. Más allá del desenlace legal, la controversia refuerza la percepción de un Gobierno dispuesto a tensar al máximo el sistema institucional, aun al costo de profundizar la fragmentación política y territorial del país.