22/01/2026 - Edición Nº1080

Internacionales

Ruptura fiscal

Gustavo Petro vs. gobernadores en Colombia: el impuesto al alcohol que desató la guerra

20/01/2026 | El aumento tributario vía decreto reabre el debate sobre autonomía territorial, salud pública y poder fiscal en Colombia.



El enfrentamiento entre el Gobierno de Gustavo Petro y los gobernadores escaló más allá de una disputa técnica y se convirtió en un choque político de fondo sobre quién controla los recursos del Estado. El incremento de los impuestos al alcohol y al tabaco, decretado bajo la figura de emergencia económica, expuso una fractura persistente entre la Casa de Nariño y las autoridades regionales, que reclaman haber sido excluidas de una decisión que afecta directamente sus finanzas.

Desde las regiones, el malestar no se limita al contenido del decreto sino a su forma. Gobernadores y alcaldes sostienen que la medida altera una fuente de ingresos clave para sostener hospitales, programas sociales y deporte local, y advierten que el Ejecutivo avanza sobre competencias históricamente descentralizadas. El conflicto, además, se da en un contexto de debilidad política del Gobierno en el Congreso y de creciente tensión preelectoral.

Colombia 


Colombia es un país del extremo norte de Sudamérica. Su paisaje cuenta con bosques tropicales, las montañas de los Andes y varias plantaciones de café. 

Autonomía fiscal en disputa

El núcleo del desacuerdo reside en la naturaleza del impuesto al consumo de licores y tabaco, considerado por los departamentos como una renta cedida que forma parte de su autonomía fiscal. Para los mandatarios regionales, la decisión de modificarla por decreto no solo rompe el equilibrio territorial, sino que sienta un precedente peligroso para futuras intervenciones del poder central sobre recursos locales.

El Ejecutivo, en cambio, defiende el decreto como una herramienta legítima frente a una coyuntura extraordinaria. Desde el Gobierno se insiste en que el aumento impositivo responde a criterios de salud pública y a la necesidad de garantizar ingresos tras el bloqueo legislativo de la reforma tributaria. La confrontación, así, revela una tensión estructural entre un proyecto presidencial centralizador y un sistema territorial que reclama mayor participación en las decisiones fiscales.

El pulso político que viene

La disputa ya se trasladó al terreno jurídico, donde la Corte Constitucional deberá definir si el decreto cumple los requisitos de la emergencia económica y si respeta los límites de la descentralización. El fallo no solo tendrá impacto sobre la vigencia del impuesto, sino que marcará el alcance real del Ejecutivo para legislar por decreto en materia tributaria.

Mientras tanto, el conflicto deja al descubierto una relación deteriorada entre Petro y buena parte de los gobernadores, incluidos algunos que inicialmente fueron aliados. Más allá del desenlace legal, la controversia refuerza la percepción de un Gobierno dispuesto a tensar al máximo el sistema institucional, aun al costo de profundizar la fragmentación política y territorial del país.