Milei y el Presupuesto 2026: oficializó las partidas y reglamentó designaciones

El Gobierno nacional oficializó la distribución de las partidas del Presupuesto 2026 y avanzó con un esquema más estricto para administrar el gasto público y la asignación de cargos dentro del Estado. La medida reglamenta la Ley 27.798 y fija criterios precisos sobre cómo se ejecutarán los recursos y quiénes tendrán la responsabilidad de autorizar cambios.

El reparto de créditos quedó detallado en anexos oficiales e incluye tanto gastos corrientes como de capital. En el Ejecutivo aseguran que el objetivo es reforzar el control sobre la ejecución presupuestaria en cada área y limitar desbordes durante el año.

Más poder para controlar el gasto

Uno de los ejes centrales de la normativa es que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, concentrará la facultad de desagregar los créditos hasta el nivel más específico de partidas y programas. La decisión busca darle mayor trazabilidad a la ejecución y ordenar el manejo de fondos dentro de la administración nacional.

Filtros para cubrir vacantes y modificar cargos

En materia de empleo público, se estableció que toda cobertura de vacantes deberá contar con una certificación previa de disponibilidad presupuestaria y demostrar que el cargo no existe dentro de la estructura vigente. Además, cualquier modificación en puestos ejecutivos requerirá la intervención de las secretarías de Transformación del Estado y de Hacienda, con aval final del Presidente.

Empresas públicas bajo la lupa del Tesoro

La normativa también ordena el financiamiento de las empresas públicas no financieras, que deberá canalizarse exclusivamente a través de las obligaciones a cargo del Tesoro Nacional. Los pagos quedarán condicionados al cumplimiento de requisitos legales y administrativos, en un esquema que apunta a evitar transferencias sin respaldo.

Obras, compras y seguimiento de programas

Por último, se endurecieron los requisitos para obras públicas y compras de bienes de uso, que solo podrán avanzar con dictamen técnico favorable. También se reforzó el seguimiento de programas y se habilitó la posibilidad de frenar pagos ante incumplimientos reiterados en la rendición de información.