El plan oculto de Milei en el Congreso: qué proyectos decidió congelar

Aunque el Gobierno convocó al Congreso a sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero, el verdadero dato político no está en lo que incluyó sino en lo que decidió dejar afuera. Proyectos centrales para el programa libertario fueron directamente borrados del temario por una razón concreta: no hay votos garantizados.

La decisión expone una tensión que recorre al oficialismo desde diciembre: el discurso de “avanzar sin negociar” choca con la aritmética parlamentaria. Por eso quedaron en el freezer iniciativas como la ley de Compromiso Fiscal, la reforma integral del Código Penal y el DNU que amplía las facultades de la SIDE.

La ausencia más ruidosa fue la del proyecto de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, conocida como la ley de “regla fiscal”. La norma ya había estado incluida en el temario de diciembre, pero fue retirada a último momento cuando el poroteo mostró fisuras incluso entre aliados dialoguistas.

Según reconocen fuentes del propio oficialismo, bloques que suelen acompañar al Gobierno manifestaron reparos ante una ley que impone déficit cero incluso en situaciones excepcionales como pandemias o catástrofes. La norma prevé además sanciones a funcionarios y directores de bancos públicos que autoricen gastos considerados “innecesarios”, lo que generó resistencia incluso entre gobernadores cercanos a la Casa Rosada.

El proyecto tenía dictamen, pero terminó regresando a comisión tras caerse la sesión donde también se aprobaban Presupuesto e Inocencia Fiscal. El mensaje político fue claro: sin garantías, no se expone el proyecto al recinto.

Otro retroceso significativo fue el de la reforma integral del Código Penal, uno de los caballitos de batalla de Patricia Bullrich. El texto proponía una reestructuración total del cuerpo normativo, llevando sus artículos de 316 a más de 900, e incorporando figuras como imprescriptibilidad para delitos graves, endurecimiento general de penas y nuevas tipificaciones vinculadas a delitos digitales.

El bullrichismo había intentado acelerar su tratamiento a fines del año pasado mediante una comisión bicameral, pero el proyecto nunca logró tracción política real. En Casa Rosada admiten que abrir ese debate en extraordinarias implicaba habilitar una discusión larga, incómoda y sin final previsible.

También quedó afuera el DNU 941/2025, con el que el Ejecutivo busca reformular el sistema de inteligencia y ampliar facultades de la SIDE. La oposición esperaba que el decreto fuera tratado en la comisión bicameral durante febrero con el objetivo explícito de voltearlo en el recinto.

La exclusión del tema generó críticas inmediatas. El diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño acusó al Gobierno de impulsar “una agenda regresiva” mientras evita someter al Congreso el debate sobre inteligencia. Desde otros bloques opositores señalaron que la maniobra busca ganar tiempo y evitar una derrota política segura.

En los hechos, el temario quedó reducido a cuatro puntos: reforma laboral, modificación de la Ley de Glaciares, acuerdo Mercosur-Unión Europea y el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante la UE. Una selección quirúrgica que revela más cautela que audacia.

Oficialismo con calculadora en mano y una mayoría que no existe

La poda del temario confirma una realidad que incomoda al relato libertario: el Gobierno no controla el Congreso y depende, cada vez más, de acuerdos frágiles con bloques que ya demostraron que no acompañan automáticamente.

El manejo de las extraordinarias responde así menos a una estrategia legislativa expansiva que a una lógica defensiva: evitar derrotas públicas, cuidar la narrativa de fortaleza y postergar debates complejos para marzo, cuando el escenario político pueda ser otro. Mientras tanto, la motosierra discursiva convive con una práctica parlamentaria mucho más prudente.