Ley de Emergencia en Discapacidad: qué exige la abogada que denunció al gobierno de Milei

La abogada Marta Lastra presentó un escrito ante la Justicia federal para denunciar que el Gobierno de Javier Milei no cumple una sentencia que ordenó poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad. La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, y reclama que se ejecute el fallo dictado en el marco de un amparo colectivo.

Lastra es referente en materia de discapacidad del espacio Defendamos Córdoba, que conduce la diputada nacional Natalia de la Sota, integra la Fundación Familias CEA y además es una de las actoras del amparo que dio origen a la resolución judicial.

Excusa por la reglamentación

En el escrito, la abogada sostiene que el Poder Ejecutivo no avanzó con la aplicación de la ley y atribuye el freno a decisiones adoptadas por la administración nacional. Según la presentación, el Gobierno argumentó que debía reglamentar la norma antes de activar medidas concretas.

Frente a esa postura, remarca que la reglamentación no sería condición indispensable para empezar a cumplir con aspectos previstos en la ley. En ese sentido, afirmó que existen acciones que podrían implementarse de inmediato sin necesidad de esperar una norma complementaria.

Medidas que podrían aplicarse de inmediato

Entre los puntos planteados, la presentación menciona que podrían avanzar sin demora facilidades impositivas para instituciones vinculadas a la discapacidad, junto con mecanismos para regularizar su situación fiscal.

También hace referencia a las pensiones no contributivas dadas de baja y plantea que el restablecimiento podría resolverse de manera inmediata, en el marco de lo dispuesto por la ley.

Pensiones y actualización del nomenclador

El escrito incorpora además cuestionamientos por la falta de actualización del nomenclador en el porcentaje mínimo establecido en la norma. Para la denunciante, la demora en estos puntos forma parte de una estrategia que impide la plena vigencia de la Ley de Emergencia.

En su presentación ante el juzgado, pidió que se tenga por denunciado el incumplimiento del fallo judicial y dejó abierta la posibilidad de acudir a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, si el Gobierno insiste en no avanzar con la ejecución efectiva de la sentencia.