Reforma laboral: el operativo que UTEP y la izquierda preparan ante el Congreso

Los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), junto a organizaciones piqueteras y sectores de izquierda, se movilizarán durante febrero frente al Congreso para rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La principal convocatoria será el día en que el Senado trate el proyecto, en una jornada que anticipan como el inicio de un “mes caliente”.

La decisión fue adoptada en rechazo al texto de La Libertad Avanza, al que señalan como un intento de recortar derechos laborales y profundizar la precarización, tanto para trabajadores formales como para los que se desempeñan en la economía popular. A pesar de las concesiones que ya habría ensayado el Ejecutivo, los organizadores advirtieron que la iniciativa mantiene su núcleo y que la protesta se sostendrá.

El Congreso vuelve a ser el escenario del conflicto

La tensión se reactivó luego de que Milei convocara a sesiones extraordinarias para febrero mediante el decreto 24/2026, firmado junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El período se extenderá del 2 al 27 de febrero y la reforma laboral aparece como uno de los proyectos centrales del oficialismo para convertir en ley antes del inicio de las sesiones ordinarias.

En ese marco, en la Casa Rosada trabajan con un calendario acelerado: prevén llevar el proyecto al recinto de la Cámara alta entre el 10 y el 12 de febrero, con fecha tentativa el 11, día en el que se espera la movilización frente al Congreso. De todos modos, la convocatoria está atada al cronograma final del Senado.

Negociaciones de última hora

Con una bancada propia minoritaria, La Libertad Avanza necesita sumar entre 16 y 17 votos para alcanzar el quórum de 37 senadores y avanzar con el debate. En esa ingeniería parlamentaria, el rol de Patricia Bullrich será clave para defender el proyecto en el recinto y construir acuerdos con bloques opositores.

En paralelo, el oficialismo activó una mesa de negociación múltiple que incluye una comisión técnica coordinada por la abogada Josefina Tajes, destinada a ordenar propuestas de modificación que acercaron sectores de la UCR, el PRO y la CGT. El objetivo es evitar cambios sobre la hora que compliquen el cierre de la votación.

El ruido de las provincias por el costo fiscal

Uno de los puntos más sensibles del debate se da por el impacto en las provincias. El proyecto incluye cambios impositivos que afectan recursos coparticipables, en un contexto de reclamos de los gobernadores por la caída de ingresos.

En particular, la iniciativa prevé una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para empresas, con un tope del 31,5% frente al 35% vigente. Ese recorte implicaría una merma estimada en 1,6 billones de pesos en recaudación, un número que encendió alarmas en las provincias y suma resistencias.

La UTEP endurece el tono contra la “modernización laboral”

Desde la UTEP, el secretario general Alejandro Gramajo cuestionó el proyecto y sostuvo que apunta a quitar derechos a trabajadores con empleo formal. También advirtió que el nuevo esquema de indemnizaciones implicaría “pagar menos, en cuotas”, con fondos que, según planteó, hoy pertenecen a los jubilados.

En la misma línea, rechazó el argumento oficial de que la quita de derechos podría traducirse en más empleo registrado. “Es algo nunca visto: quitarle derechos a unos para supuestamente beneficiar a otros. Si bajan al de arriba, pisan al de abajo”, lanzó.

El ex secretario general de la UTEP Esteban “Gringo” Castro también elevó la confrontación y afirmó que la reforma “no tiene un solo punto a favor” para los trabajadores informales ni para la economía popular.

La CGT, entre la calle y el “daño controlado”

La CGT mantiene su rechazo al proyecto, pero por ahora se mueve con una estrategia de negociación para intentar recortar artículos que considera sensibles. Aun así, no descarta endurecer su postura si el Gobierno avanza sin cambios y analiza nuevas medidas de fuerza, incluido un paro nacional.

Entre los puntos que cuestiona figuran la flexibilización laboral, la reducción de indemnizaciones, la limitación del derecho de huelga, el impacto sobre la negociación colectiva y el posible desfinanciamiento de las obras sociales sindicales.

Con el tratamiento previsto para febrero, la reforma laboral entra en una etapa decisiva: el Gobierno apuesta a sancionar una de sus leyes emblemáticas y los sindicatos y movimientos sociales preparan la respuesta en la calle, con el Congreso otra vez como epicentro de la disputa.