Privatizaciones en la sombra: qué esconde el modelo económico de Delcy Rodríguez

Durante los últimos años, la economía venezolana ha transitado una transformación silenciosa que no se expresa en reformas clásicas ni en aperturas transparentes, sino en la creación de mecanismos excepcionales para gestionar inversión, comercio y activos estratégicos. Bajo el argumento de sortear sanciones internacionales, el Ejecutivo consolidó un entramado legal y administrativo que opera por fuera de los controles habituales y que redefine la relación entre Estado y sector privado.

Este esquema no solo altera las reglas del juego económico, sino que introduce un nuevo criterio de acceso al mercado: la cercanía política y la confidencialidad contractual. La promesa de atraer capital convive con un diseño que limita el escrutinio público, reduce la competencia y desplaza a actores tradicionales, generando un modelo donde la opacidad se vuelve condición estructural y no una excepción transitoria.

Venezuela 

Antibloqueo y confidencialidad como política económica

La Ley Antibloqueo y los organismos creados a su alrededor establecieron un marco que permite reservar información clave sobre contratos, socios, montos y condiciones de inversión. Esta arquitectura legal rompe con principios básicos de transparencia fiscal y control parlamentario, habilitando acuerdos cuyo impacto macroeconómico es real, pero cuyo contenido permanece inaccesible incluso para otras áreas del propio Estado.

En la práctica, este diseño facilitó una serie de privatizaciones encubiertas y cesiones de activos sin licitaciones abiertas ni rendición de cuentas. Sectores estratégicos como energía, comercio exterior y producción quedaron sujetos a convenios bilaterales y esquemas ad hoc, donde el riesgo se socializa y la renta se concentra, consolidando un capitalismo de acceso restringido.

Presentamos ante la AN una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para facilitar la inversión, fortalecer la seguridad jurídica y lograr resultados más rápidos, incorporando los modelos de gestión de negocios exitosos de la Ley Antibloqueo. pic.twitter.com/RgtQRCV9hQ

— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 16, 2026

Efectos estructurales sobre la economía y el poder

El resultado es una economía formalmente abierta, pero funcionalmente cerrada, donde la inversión no responde a reglas generales sino a autorizaciones selectivas. Esto distorsiona precios, desalienta a actores no alineados y debilita la capacidad del Estado para planificar a largo plazo, ya que gran parte de la actividad económica relevante ocurre fuera del presupuesto y de los mecanismos de control institucional.

Delcy Rodríguez dice que: "La renta petrolera debe ser para toda Venezuela y todos los venezolanos, en todas sus circunstancias... No para el enriquecimiento de unos pocos, ni de una élite".

¿Cuál es la élite que se robó la renta petrolera? ¿No es ella?pic.twitter.com/4QeQLOzpLg

— Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 17, 2026

Más allá de la coyuntura política, el modelo deja una herencia compleja: un entramado de contratos confidenciales difíciles de auditar, un sector privado dependiente de favores y un Estado que pierde capacidad regulatoria real. La pregunta ya no es si este esquema permite sobrevivir a las sanciones, sino qué tipo de economía queda en pie cuando la opacidad se convierte en norma.