Tensión externa
22/01/2026 - Edición Nº1080
Internacionales
Vigilancia
Espionaje en el gabinete de Gustavo Petro: qué reveló Idárraga sobre Pegasus y el Estado
21/01/2026 | La acusación de espionaje reabre viejas grietas sobre el control de la inteligencia y la opacidad tecnológica del Estado.
La denuncia por Pegasus sacude al Gobierno colombiano y reabre el debate sobre espionaje, controles civiles y opacidad en la inteligencia del Estado.
La denuncia del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, no aparece en el vacío. Llega en un momento de desconfianza acumulada hacia los organismos de inteligencia y en medio de una administración que prometió romper con las prácticas del pasado. El solo hecho de que un alto funcionario del Ejecutivo afirme haber sido espiado desde dentro del Estado vuelve a instalar una pregunta incómoda: quién vigila a quién cuando el poder político y la inteligencia se superponen.
El impacto inicial fue político antes que judicial. La revelación tensionó al gabinete, expuso diferencias internas y obligó al Gobierno a reaccionar con comunicados defensivos. Más allá de la veracidad técnica de la denuncia, el episodio dejó al descubierto la fragilidad de los controles civiles sobre herramientas de vigilancia altamente intrusivas, un problema estructural que Colombia arrastra desde hace más de una década.
Colombia
Colombia es un país del extremo norte de Sudamérica. Su paisaje cuenta con bosques tropicales, las montañas de los Andes y varias plantaciones de café.
La arquitectura opaca de la vigilancia
El caso Pegasus vuelve a mostrar cómo las tecnologías de espionaje operan en una zona gris institucional, donde la trazabilidad de las órdenes y la custodia de los sistemas resultan difíciles de auditar. Aun cuando existan marcos legales, la capacidad real de verificar quién activa estos mecanismos y con qué fines sigue siendo limitada. En ese vacío prosperan las sospechas y las disputas políticas.
La negación tajante del Ministerio de Defensa no cerró el debate, sino que lo amplificó. Si el Estado no posee Pegasus, surge la duda sobre actores paralelos con acceso a capacidades equivalentes; si lo posee pero no lo reconoce, el problema es aún mayor. En ambos escenarios, la discusión deja de ser coyuntural y se transforma en una alerta sobre la captura política de la inteligencia.
#LOÚLTIMO | Andrea del Pilar Verdugo, esposa del ministro de Justicia encargado Andrés Idárraga, renunció a su cargo como directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación.
— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 20, 2026
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Una herida abierta en la gobernabilidad
El episodio se inscribe en una secuencia más amplia de denuncias previas, investigaciones inconclusas y silencios administrativos. Pegasus funciona aquí como símbolo de algo más profundo: la incapacidad estatal para cerrar definitivamente el ciclo de las interceptaciones ilegales. Cada nuevo caso reactiva memorias de abusos pasados y erosiona la credibilidad de las promesas de reforma.
#ComunicaciónOficial | En relación con las denuncias públicas formuladas por el Ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, sobre la presunta realización de seguimientos ilegales, el Ministerio de Defensa Nacional se permite informar: pic.twitter.com/t8IbMmOUIp
— Mindefensa (@mindefensa) January 17, 2026
El desenlace del caso será determinante, no solo en términos judiciales, sino para la estabilidad política. Si se comprueba la intrusión, el Gobierno enfrentará una crisis de legitimidad interna; si no se comprueba, quedará expuesta la debilidad de los mecanismos de verificación técnica. En ambos escenarios, la conclusión es inquietante: la inteligencia sigue siendo un poder difícil de domesticar dentro de la democracia colombiana.
