El estallido del llamado “Chifagate” sorprendió a un gobierno que todavía intentaba consolidar su narrativa de orden y estabilidad tras años de convulsión institucional. Las imágenes del presidente reuniéndose fuera de agenda con un empresario extranjero rompieron de manera abrupta la promesa de transparencia con la que había iniciado su mandato. En un país acostumbrado a escándalos tempranos, el episodio volvió a instalar la sensación de que el poder ejecutivo avanza siempre al borde del descrédito.
La reacción ciudadana fue inmediata y atravesó distintos sectores sociales. Para amplios segmentos de la población, el problema no se reduce a una cita informal, sino a la repetición de prácticas opacas que históricamente derivaron en corrupción y captura del Estado. La figura presidencial, aún en etapa de construcción simbólica, quedó asociada a gestos de clandestinidad que pesan más que cualquier discurso institucional.
A medida que se conocieron los detalles, el foco se desplazó hacia las contradicciones en las explicaciones oficiales. Primero se habló de un encuentro protocolar vinculado a la relación bilateral con China; luego, de una reunión estrictamente privada. Ese vaivén discursivo debilitó la defensa del mandatario y reforzó la percepción de que se intentó minimizar o encubrir la verdadera naturaleza del vínculo con el empresario involucrado.
El hallazgo de un segundo encuentro, realizado en un local comercial clausurado, profundizó el daño político. La reiteración de citas fuera de los canales formales no solo encendió alarmas legales, sino que puso en cuestión los criterios de prudencia presidencial. En un contexto donde los contratos estatales en seguridad y tecnología despiertan especial sensibilidad, cualquier informalidad se interpreta como una señal de riesgo institucional.
Jerí cae por el #ChifaGate. La congresista @sigridbazan afirmó que con APP “hay votos para censurar a José Jerí”. Afirma que debe irse: “¿Mantenemos a un presidente que sale de chifas a las 2 a.m. y sin garantías de ser algo distinto? Tiene que haber un cambio”. Además, señala… pic.twitter.com/F227YWWl0K
— Adrián Sarria Muñoz (@AdrianSarriaMu) January 20, 2026
Con la investigación fiscal en marcha, el Congreso apareció como el otro gran escenario de la crisis. Sectores opositores comenzaron a agitar la posibilidad de una vacancia, apoyándose en la figura de la “incapacidad moral”, un concepto amplio que en la última década ha servido tanto para sancionar abusos reales como para dirimir disputas de poder. El antecedente de presidentes destituidos antes de completar su mandato vuelve a sobrevolar la política peruana.

Más allá del desenlace inmediato, el caso deja una señal preocupante sobre la fragilidad estructural del sistema político. Si el presidente logra resistir, lo hará con un capital político erosionado y bajo vigilancia constante; si cae, Perú sumará otro capítulo a su ciclo de inestabilidad. En ambos escenarios, el “Chifagate” confirma que la gobernabilidad sigue siendo un equilibrio precario entre legalidad, confianza pública y supervivencia parlamentaria