El gobernador Axel Kicillof advirtió que la feria judicial no debería extenderse sin antes completar los nombramientos pendientes en la Suprema Corte bonaerense (SCBA) un tribunal que hoy sólo cuenta con tres de sus siete integrantes.
Pero algo cambió tras los comicios de octubre, en los que La Libertad Avanza obtuvo números que le otorgan un mayor protagonismo en el debate por uno de los cargos vacantes. La disputa se da en un contexto donde diversos espacios políticos pugnan por influir en la designación de jueces afines a sus líneas políticas.
Las silla a ocupar en la SCBA se arrastran desde hace años: de siete integrantes que tenía en 2019, -cuatro jueces dejaron los cargos entre renuncias, jubilaciones y fallecimientos- generando un vacío que el Ejecutivo provincial busca cubrir antes de mitad de año.
La composición actual del tribunal —con Daniel Soria, Hilda Kogan y Sergio Torres en funciones— y la presencia del Procurador Julio Conte Grand, que fue designado en una gestión de un signo político distinto al actual oficialismo, agrega complejidad a las negociaciones.
El peronismo negocia internamente la distribución de lugares entre sus propios sectores, marcando una clara división entre el kirchnerismo tradicional y el kicillofismo, mientras que la oposición empieza a posicionar sus nombres. El juez Sergio Pilarche, de la Cámara de Apelación de San Martín, gana consenso entre algunos interlocutores.
Por otro lado, el radicalismo impulsa la candidatura de Marina Sánchez Herrero, apoyada por sectores del PRO y referentes interesados en reforzar la representación femenina en la Justicia provincial. En ese entramado, cerca de Milei se busca asegurar que La Libertad Avanza tenga voz en la designación, equilibrando la participación con las fuerzas tradicionales del peronismo y del radicalismo en la Legislatura bonaerense.
De acuerdo con la Constitución de la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de Justicia Bonaerense debe estar integrada por un mínimo de siete jueces, número que puede ser ampliado por ley, todos ellos designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado provincial.
Los ministros del máximo tribunal deben ser abogados con un mínimo de diez años de ejercicio profesional o desempeño en la magistratura. Una vez que asumen el cargo gozan de inamovilidad mientras dure su buena conducta y sólo pueden ser removidos mediante juicio político.
La Constitución también prevé la existencia del Ministerio Público, encabezado por el Procurador General, como órgano autónomo que actúa ante la Corte y los demás tribunales, completando así la estructura institucional del Poder Judicial bonaerense.
GZ