La Justicia apura al Gobierno por la Ley de Discapacidad: qué pasa el 4 de febrero

El juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, dictó una resolución que reafirma la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad -cuya aplicación había sido suspendida por el Ejecutivo mediante el Decreto 681/2025- intimando al Gobierno nacional a ponerla en plena ejecución antes del 4 de febrero de este año.

La decisión del magistrado ocurre luego de que el Poder Ejecutivo apelara en diciembre pasado la sentencia que había declarado inválido el artículo que suspendía la aplicación de la ley. Aunque la Cámara Federal de San Martín aún debe definir esa apelación, González Charvay sostuvo que la apelación no tiene efecto suspensivo y que la norma debe cumplirse mientras se tramita el recurso.

En su resolución, el juez recordó que la propia ley establece un plazo máximo de 30 días para su reglamentación, que comenzó a contarse a partir del 18 de diciembre de 2025, por lo que el 4 de febrero de 2026 es la fecha límite para que la normativa esté operativa en forma plena.

Además, el fallo obliga al Gobierno a informar y acreditar con documentación concreta, en un plazo de cinco días hábiles, los pasos dados para cumplir con la sentencia, advirtiendo que de no hacerlo podrían adoptarse medidas judiciales adicionales.

Luego de una larga y sostenida lucha pacífica del sector en las calles, Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso en 2025 y ratificada pese al intento de veto presidencial, con el objetivo de garantizar la financiación y el acceso efectivo a prestaciones, pensiones y asistencia integral para las personas con discapacidad.

Organizaciones sociales y referentes del sector celebraron la decisión judicial como un avance, aunque advirtieron que aún persisten incertidumbres sobre la implementación real, dado el limitado cumplimiento efectivo de la legislación hasta ahora. Al respecto, NewsDigitales consultó a diversas entidades vinculadas al sector. Karina Herrera, de la Asociación Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión (AFAPREI), señaló que "si no se cumple la Ley de Emergencia en Discapacidad, amerita consecuencias penales para el jefe de Gabinete". 

Un sector muy castigado desde 2023

Desde la asunción de Javier Milei, el sector de la discapacidad fue uno de los más golpeados por el ajuste: el congelamiento y desactualización del nomenclador dejó a miles de prestadores trabajando con valores atrasados, lo que derivó en suspensiones y cortes de terapias esenciales como acompañamientos terapéuticos, rehabilitación y tratamientos interdisciplinarios.

A la par, se multiplicaron las denuncias por irregularidades y pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para destrabar pagos y altas de prestaciones, en un contexto de parálisis administrativa y recortes presupuestarios.

Todo ello se agravó con la decisión del Gobierno de desmantelar áreas clave del organismo, reducir su capacidad operativa y avanzar en un virtual vaciamiento -e incluso el anuncio de su cierre o reconfiguración-, dejando a personas con discapacidad y a sus familias en una situación de extrema vulnerabilidad y sin respuestas del Estado.

GZ