La revocación de mandato se ha consolidado en México como una figura constitucional polémica, no tanto por su diseño normativo sino por el uso político que los distintos actores hacen de ella. Desde su incorporación al texto constitucional, el mecanismo ha estado atravesado por una tensión permanente entre participación ciudadana y cálculo electoral. Esta ambigüedad estructural explica por qué la figura genera adhesiones circunstanciales y rechazos oportunistas según el momento político.
En este contexto, el debate dejó de girar en torno a la viabilidad jurídica del instrumento para centrarse en su rentabilidad política. La oposición, que durante el sexenio anterior denunció la revocación como un recurso plebiscitario funcional al poder, hoy enfrenta el dilema de utilizar esa misma herramienta sin legitimar el andamiaje que antes cuestionaba. El problema no es solo de coherencia discursiva, sino de lectura del escenario electoral real.
El cambio de postura de Ricardo Anaya sintetiza este desplazamiento estratégico. Quien antes llamó a boicotear el ejercicio por considerarlo un simulacro autoritario, ahora lo reivindica como un mecanismo legítimo para disputar poder al oficialismo. Este viraje no está acompañado de una reflexión doctrinaria sobre la democracia directa, sino de una apuesta coyuntural basada en la expectativa de desgaste del gobierno en turno.
La estrategia, sin embargo, parte de una premisa discutible: que un proceso de revocación puede convertirse en un plebiscito negativo para una administración con alta capacidad de movilización territorial. La experiencia previa demuestra que estos ejercicios tienden a reforzar al poder establecido cuando no existe una alternativa política clara. Apostar a la revocación sin construir previamente una narrativa mayoritaria implica confiar más en el desgaste del adversario que en la fortaleza propia.
Diputado @MartinVivanco alertó que adelantar la revocación de mandato junto a la elección intermedia distorsiona su sentido⚠️🗳️
— Zona Transparente (@ZonaTransparent) January 21, 2026
No es popularidad, es sanción; usarla daría ventaja política y debilita la democracia. #RevocaciónDeMandato #Democracia #México pic.twitter.com/bIer1liEW3
Más allá del caso puntual de Anaya, la revocación de mandato exhibe límites estructurales como herramienta opositora. Su lógica binaria simplifica debates complejos y favorece a quienes controlan la agenda pública. En sistemas altamente presidencializados, estos mecanismos suelen funcionar como dispositivos de reafirmación del liderazgo, no como instrumentos de castigo efectivo.
Morena no busca una reforma electoral.
— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) January 14, 2026
Busca controlar las elecciones y acabar con la independencia del INE. Esa es la #LeyMaduro: cambiar las reglas cuando empiezas a tener miedo a la gente. pic.twitter.com/DEaPaphuBx
El riesgo para la oposición es doble: por un lado, legitimar una figura que históricamente ha beneficiado al oficialismo; por otro, quedar atrapada en un calendario político impuesto desde el poder. Sin una estrategia integral que combine organización territorial, liderazgo renovado y propuesta programática, la revocación de mandato corre el riesgo de convertirse en un atajo fallido, más útil para el gobierno que para quienes buscan disputarle el rumbo político del país.