Europa frena el tratado Mercosur-Unión Europea y lo envía a la Justicia

El proceso para poner en marcha el histórico tratado de libre comercio entre el Mercado Común del Sur y la Unión Europea volvió a quedar en suspenso. El Parlamento Europeo aprobó una resolución para que el texto sea analizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un paso que congela la aprobación política del acuerdo y abre un escenario de incertidumbre.

La decisión se tomó por un margen mínimo, lo que dejó al descubierto una fuerte división interna. La iniciativa prosperó con 334 votos favorables, frente a 324 rechazos y 11 abstenciones. Aunque la resolución no anula el tratado, sí impide que avance hacia su ratificación definitiva hasta que exista un dictamen jurídico claro.

Productores europeos se movilizan contra el acuerdo por temor al impacto de las importaciones agroindustriales sudamericanas en los mercados locales.

El Tribunal deberá determinar si el acuerdo es compatible con los tratados fundacionales de la Unión Europea y si respeta el marco normativo comunitario, en especial en áreas sensibles como medio ambiente, derechos laborales, salud del consumidor y competencias regulatorias de los Estados miembros. Este tipo de revisión no es habitual, pero ya se utilizó en el pasado con otros convenios internacionales cuando surgieron dudas legales de fondo.

El tratado Mercosur Unión Europea fue anunciado semanas atrás tras más de dos décadas de negociaciones intermitentes. De concretarse, crearía uno de los mayores espacios de libre comercio del mundo, con acceso preferencial a un mercado de más de 450 millones de personas y una reducción significativa de aranceles para productos industriales europeos y exportaciones agroindustriales sudamericanas.

Sin embargo, el acuerdo siempre generó resistencias dentro de Europa. Sectores agrícolas temen una mayor competencia externa, mientras que organizaciones ambientales y partidos políticos cuestionan el impacto del comercio sobre la deforestación, el cambio climático y los estándares productivos. Estas tensiones explican por qué el debate terminó trasladándose del plano económico al jurídico.

El envío del texto al Tribunal implica una demora estimada de entre uno y dos años, período durante el cual el Parlamento no podrá votar la ratificación final. En ese lapso, la Comisión Europea aún podría intentar aplicar partes del acuerdo de manera provisional, una opción legalmente posible pero políticamente controvertida.

Para los países del Mercosur, el freno representa un golpe a una estrategia de inserción internacional largamente buscada. Para la Unión Europea, expone una discusión más profunda sobre cómo equilibrar apertura comercial, protección de sectores sensibles y exigencias ambientales en un contexto global cada vez más competitivo.

Lejos de un rechazo definitivo, la decisión marca un punto de inflexión. El futuro del tratado ya no depende solo de la voluntad política, sino de un fallo judicial que definirá si el acuerdo puede encajar dentro del andamiaje legal europeo o si deberá ser renegociado antes de volver a intentar su aprobación.