La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía aprobó una nueva metodología para la construcción de tarifas teóricas de referencia y un esquema actualizado de distribución de las compensaciones tarifarias destinadas al transporte público automotor de pasajeros urbanos y suburbanos.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución 6/2026 y comenzará a aplicarse a las liquidaciones correspondientes al período de noviembre de 2025 y subsiguientes.
La resolución se inscribe en un entramado normativo que regula desde hace más de dos décadas el financiamiento del transporte público automotor, en particular a través del fideicomiso creado en 2001 y de los regímenes de compensaciones tarifarias establecidos para el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU).
En ese marco, el Estado nacional transfiere recursos presupuestarios con el objetivo de complementar o cubrir los costos de prestación de los servicios urbanos y suburbanos, tanto de jurisdicción nacional como de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA).
Uno de los ejes centrales de la nueva resolución es la adecuación del esquema de costos y compensaciones a la incorporación de tecnologías de propulsión más eficientes y sustentables. En línea con lo aprobado previamente por la Resolución 86/2025, la Secretaría de Transporte incorporó a la estructura de costos las unidades propulsadas a Gas Natural Comprimido (GNC) y a energía eléctrica, junto con las tradicionales a gasoil.
Según se detalla en los considerandos, esta actualización busca reflejar de manera más precisa la composición real del parque móvil y los distintos consumos y rendimientos asociados a cada tipo de energía.
De manera transitoria, para los parámetros técnicos vinculados a estas nuevas tecnologías se tomaron como referencia los valores establecidos por la Secretaría de Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta tanto la Subsecretaría de Transporte Automotor finalice sus propios estudios.
La resolución aprueba una metodología revisada para la construcción de tarifas teóricas de referencia, basada en una desagregación detallada de los costos de explotación en fijos y variables. Entre los costos variables se incluyen, entre otros, la energía, el mantenimiento del material rodante y parte del salario del personal, mientras que los costos fijos abarcan seguros, impuestos, infraestructura y el componente fijo de los salarios.
A partir de esta estructura, se determina un costo fijo por pasajero y un costo variable asociado a los kilómetros recorridos, utilizando indicadores como el Índice de Pasajeros por Kilómetro (IPK) y la información de tráfico del sistema SUBE. Las tarifas teóricas resultan de la suma de ambos componentes y luego se comparan con las tarifas comerciales vigentes al momento de cada liquidación.
Con el objetivo de fomentar la transición hacia tecnologías menos contaminantes, la resolución introduce incrementos específicos en la tarifa teórica de referencia para los servicios de jurisdicción nacional que utilicen unidades propulsadas por energías alternativas. En ese sentido, se establece un aumento del 30% cuando el servicio se presta con colectivos a GNC y del 50% cuando se utilizan unidades eléctricas.
Este reconocimiento diferencial busca corregir las distorsiones del esquema anterior, que no contemplaba parámetros específicos para distinguir entre tecnologías, y alinear el sistema de subsidios con las políticas de sustentabilidad impulsadas por la Autoridad de Aplicación.
La medida también aprueba un procedimiento actualizado para la distribución de las compensaciones tarifarias, aplicable tanto a las líneas urbanas y suburbanas de jurisdicción nacional como a aquellas que operan dentro del ámbito definido por la Ley 25.031. El esquema combina criterios de demanda —como el reintegro por tarifas sociales— con variables de oferta, principalmente los kilómetros efectivamente recorridos y validados a través de los registros del sistema SUBE.
El procedimiento incorpora factores de estacionalidad mensuales y establece controles para evitar prácticas ineficientes, como incrementos de kilómetros que no se traduzcan en mayor cantidad de pasajeros transportados. En esos casos, los kilómetros informados pueden ser ajustados a los fines del cálculo de las compensaciones.
De este modo, la Secretaría de Transporte avanza en una actualización integral del esquema tarifario y de subsidios, con el objetivo de reflejar los costos reales del sistema y promover una mayor eficiencia y sustentabilidad en el transporte público automotor.
La resolución se dicta en un contexto de crecientes reclamos del sector empresario. Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) vienen advirtiendo que el valor técnico del boleto reconocido por el Gobierno se ubica por debajo del costo real de prestación del servicio, lo que -según la entidad- lleva a que muchas empresas de colectivos operen prácticamente a pérdida.
Esta situación, sostienen, no solo compromete la sustentabilidad económica del sistema, sino que también se traduce en tensiones salariales con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en un escenario de negociaciones paritarias atravesadas por la falta de recursos para afrontar aumentos en los salarios del personal.