Coparticipación
22/01/2026 - Edición Nº1080
Política
Boletín Oficial
Temporada de cruceros en juego: cómo afectará la intervención al puerto de Ushuaia
22/01/2026 | El Gobierno oficializó la intervención sobre el puerto de Ushuaia, alegando graves problemas de infraestructura.
El gobernador de Tierra del Fuego cuestionó la decisión de Nación.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) oficializó la suspensión de la habilitación del puerto de Ushuaia y dispuso su intervención administrativa por el término de doce meses, en el marco de una resolución que expone graves incumplimientos técnicos, operativos, financieros y de seguridad detectados tras una inspección integral realizada en 2025.
Por su parte, el gobierno peronista de Tierra del Fuego, conducido por Gustavo Melella, cuestionó duramente la decisión de la agencia nacional.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 4/2026 y se fundamenta en la necesidad de resguardar el interés público comprometido en un puerto considerado estratégico para el país.
El Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del Puerto de Ushuaia.
— Gustavo Melella (@gustavomelella) January 21, 2026
No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud.
El origen del conflicto y la denuncia inicial
La actuación de la ANPyN se inició a partir de una denuncia presentada por el secretario general de la Unión del Personal Superior Ferroviario de Tierra del Fuego y otros actores vinculados a la actividad portuaria local.
Los denunciantes cuestionaron la aplicación de la Ley Provincial N° 1596, que creó un fondo específico para el pago de deudas de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), financiado con el superávit del puerto de Ushuaia correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025.
Según la denuncia, la utilización de esos recursos comprometía la autonomía financiera de la Dirección Provincial de Puertos, ponía en riesgo su capacidad de inversión y afectaba el normal funcionamiento de un ente históricamente autosustentable y clave para la economía fueguina.
El uso de fondos portuarios y el convenio Nación-Provincia
Uno de los ejes centrales de la resolución es la presunta violación del Convenio de Transferencia del Puerto de Ushuaia firmado en 1992 entre la Nación y la provincia de Tierra del Fuego. Ese acuerdo establece que los ingresos del puerto deben ser contabilizados de manera independiente de las rentas generales provinciales y aplicados exclusivamente a gastos de administración, operación, capacitación e inversiones vinculadas a la actividad portuaria.
La ANPyN consideró que tanto la Ley Provincial N° 1596 como convenios de asistencia financiera celebrados por la Dirección Provincial de Puertos —incluida una transferencia de $4.000 millones al Ministerio de Economía provincial con fondos del superávit 2024— contradicen ese marco normativo y desnaturalizan las condiciones bajo las cuales se produjo la transferencia del puerto a la órbita provincial.
La inspección y los hallazgos técnicos
Tras el descargo presentado por el gobierno provincial, la Agencia dispuso una inspección integral en el puerto de Ushuaia, realizada los días 30 de septiembre y 1° de octubre de 2025. El informe resultante describió un deterioro significativo en la infraestructura del muelle comercial, especialmente en el Sitio 3, con fallas en defensas, elementos de amarre, pavimentos y condiciones de atraque.
Además, se detectaron deficiencias en los sistemas de protección contra incendios, señalización y alumbrado, control de tránsito pesado, drenaje pluvial y mantenimiento preventivo. Desde el punto de vista ambiental y de seguridad portuaria, se observaron falencias en la gestión de residuos, señalización de zonas de riesgo y cumplimiento de protocolos operativos.
Puerto de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego
Desinversión, desequilibrios financieros y gestión
El análisis contable y presupuestario reveló un bajo nivel de ejecución de obras de infraestructura portuaria, que representó apenas el 1,3% del total de gastos devengados, pese a las necesidades urgentes identificadas. En paralelo, se constató una alta concentración del gasto en personal (55%) y en activos financieros orientados a préstamos (30%), un perfil que, según la Agencia, se aparta de las funciones operativas propias del ente portuario.
La ANPyN concluyó que existe un desbalance entre los recursos destinados a préstamos y la inversión en infraestructura, lo que podría comprometer la capacidad operativa y la sostenibilidad futura del puerto.
Seguridad operativa, tecnología y ciberseguridad
En materia de seguridad, la resolución remarca la inexistencia de protocolos formales para la operación simultánea de carga y pasajeros, una situación especialmente sensible en un puerto que recibe cruceros turísticos y buques de carga en forma concurrente. También se constataron carencias persistentes en sistemas de alarmas, incendios y vigilancia.
En el plano tecnológico, el informe fue particularmente crítico: se verificó la falta de personal idóneo, la ausencia de auditorías de seguridad informática y el incumplimiento de estándares nacionales e internacionales en materia de protección de datos, disponibilidad e integridad de la información, con un nivel de riesgo considerado alto.
La decisión: suspensión e intervención administrativa
Ante la gravedad y persistencia de las irregularidades, la ANPyN resolvió disponer la suspensión de la habilitación del puerto de Ushuaia por doce meses, con posibilidad de prórroga, y ordenar su intervención administrativa en materia de infraestructura portuaria por igual plazo.
La intervención tendrá a su cargo la gestión operativa, técnica y administrativa del puerto, con el objetivo de normalizar las condiciones de seguridad y resolver el déficit de infraestructura detectado.
No obstante, y en atención al carácter estratégico del puerto y a que se encuentra en curso la temporada de cruceros 2025–2026, la Agencia decidió diferir la ejecución inmediata de la suspensión, aplicando el principio de razonabilidad para no afectar la operatoria habitual. La tutela del interés público, según se argumenta, quedará garantizada a través de la intervención administrativa.
