La renuncia de Paul Starc como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) fue presentada oficialmente como una decisión “por razones personales”. Sin embargo, detrás del comunicado formal se esconde una disputa de fondo dentro del Gobierno por la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa central del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para acelerar el ingreso de dólares al sistema financiero.
La salida de Starc se precipitó tras semanas de tensión con el Ministerio de Economía y el Banco Central, que lo acusaban de trabar la adecuación de las normas antilavado necesarias para poner en marcha la ley que busca atraer los dólares fuera del sistema.

Según reconstruyeron fuentes oficiales y del sistema financiero, Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, presionaban para que la UIF modificara de manera urgente los criterios de reporte de operaciones sospechosas. El objetivo era despejar los temores de bancos y ahorristas ante posibles sanciones por depósitos sin justificación patrimonial previa.
Starc se resistió. En la UIF advertían que una flexibilización acelerada de las normas podía generar observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y poner a la Argentina en riesgo de ingresar a la lista gris, un escenario que hubiera impactado negativamente en el sistema financiero y el acceso al crédito internacional.
Esa resistencia terminó por aislarlo políticamente.
La renuncia de Starc no tomó por sorpresa a la Casa Rosada. En los días previos, el funcionario ya había retirado pertenencias de su despacho y reducido su presencia en el organismo. Su salida se formalizó justo cuando el Gobierno necesita mostrar avances concretos en la reglamentación de la Inocencia Fiscal.
Desde el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, se limitaron a destacar su “profesionalismo” y confirmaron que continuará colaborando con el Gobierno en otras funciones, una fórmula habitual para descomprimir internas sin escalar el conflicto.
Durante la gestión de Starc, el Gobierno avanzó en una reforma sensible: por decreto, la UIF dejó de ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos. La medida fue leída como un gesto político para reducir la exposición judicial del Estado, pero también generó críticas en sectores especializados.
En paralelo, Starc había reforzado vínculos internacionales y mantenido reuniones en Washington con la FinCEN, el organismo antilavado de Estados Unidos, en el marco de investigaciones sensibles como la causa AFA.

Tras la renuncia, el Gobierno confirmó que Ernesto Gaspari quedará al frente de la UIF. Se trata de un funcionario con perfil técnico, cercano al Ejecutivo, y con experiencia en áreas de coordinación económica y financiera.
Su llegada es leída en el mercado como una señal clara: la UIF alineará su normativa con las necesidades del Ministerio de Economía para destrabar definitivamente la Inocencia Fiscal y acelerar el ingreso de dólares al sistema.
La salida de Starc, lejos de ser un movimiento administrativo, expone cómo la urgencia económica terminó imponiéndose sobre las advertencias técnicas en uno de los organismos más sensibles del Estado.
TM