Hace 24 años, en medio de una de las crisis económicas, sociales e institucionales más profundas de la historia argentina, el entonces presidente Eduardo Duhalde firmó un decreto que restableció el tope salarial de 3.000 pesos para los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo Nacional.
La medida buscó dar una señal de austeridad en un contexto de fuerte deterioro social, colapso financiero y desconfianza generalizada hacia la dirigencia política.
El límite salarial, sin embargo, no fue una decisión lineal ni exenta de tensiones. Había sido establecido inicialmente por el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá durante su breve paso por la Casa Rosada, pero su aplicación atravesó idas y vueltas, resistencias internas y una fuerte polémica pública durante los primeros meses del gobierno de Duhalde.

El 24 de enero de 2002, Duhalde firmó el decreto que reinstauró formalmente el tope salarial de 3.000 pesos para los funcionarios políticos, luego de que otra norma publicada días antes en el Boletín Oficial hubiera derogado la resolución de Rodríguez Saá. Esa derogación generó un fuerte rechazo social, ya que abría la posibilidad de que ministros, secretarios y otros altos cargos percibieran salarios superiores al del propio presidente.
Ante las críticas, el Gobierno dio marcha atrás. La resolución 172/02 restableció el límite para el jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades superiores y representantes del Poder Ejecutivo en organismos autárquicos y descentralizados. “Ningún funcionario político de mi gobierno ganará más de 3.000 pesos”, afirmó Duhalde con visible enojo durante una reunión de gabinete.
La restitución del tope salarial incluyó excepciones clave. El decreto dejó afuera a los empleados de carrera del Estado, especialmente a cuadros técnicos y profesionales, ante el riesgo de una fuga masiva hacia el sector privado. Desde el oficialismo admitían que la instrumentación del límite salarial había generado serias dificultades operativas.
Uno de los casos más sensibles se dio en la Secretaría de Políticas Presupuestarias, donde los técnicos encargados de elaborar el presupuesto 2002 advirtieron que no continuarían trabajando bajo esas condiciones salariales. La situación llegó a demorar la presentación del borrador del presupuesto que debía ser enviado al Fondo Monetario Internacional. Problemas similares se registraron en el Banco Central y en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el entorno presidencial reconocieron que la situación se había manejado mal desde el punto de vista político y comunicacional. “Fue un error administrativo. Tendrían que haberse firmado los dos decretos al mismo tiempo para evitar malentendidos”, explicaron cerca de Duhalde, quien expresó su malestar por la forma en que algunos funcionarios defendieron públicamente la derogación inicial del tope.
El episodio obligó al Gobierno a un rápido repliegue, en un clima social marcado por la protesta, el descrédito de la dirigencia y una fuerte demanda para reducir los llamados “gastos de la política”.
En términos económicos, el tope de 3.000 pesos tenía en ese momento un valor muy distinto al actual. Tras la salida de la convertibilidad, el tipo de cambio se ubicaba en torno a los 1,8 pesos por dólar al 24 de enero, aunque luego siguió trepando hasta alcanzar casi los 4 pesos en junio de ese año. En ese contexto, el salario máximo para los funcionarios políticos equivalía aproximadamente a 1.666 dólares para el 24 de enero, y solo 789 dólares hacia la mitad de ese año.
La referencia no era menor: el país atravesaba una profunda recesión, con caída del empleo, fuerte aumento de la pobreza y una brusca licuación de ingresos para amplios sectores de la sociedad.
A más de dos décadas de distancia, la decisión de congelar los salarios de los funcionarios políticos en 3.000 pesos sigue siendo un símbolo del clima de emergencia, improvisación y tensión permanente que marcó los primeros meses de 2002, cuando la Argentina intentaba reordenarse tras el colapso del modelo económico de la convertibilidad.