En menos de un día, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía sufrió una reorganización total: renunciaron el secretario Luis Pierrini y los presidentes de las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), Gerardo Boschín y Leonardo Comperatore.
“Vamos a hacer un cambio total en la gestión de Transporte”, indicaron fuentes oficiales de la Casa Rosada.
El reemplazo de los funcionarios responde a una decisión política impulsada por el ministro de Economía Toto Caputo, tras una denuncia por corrupción en los subsidios al transporte que involucra a la empresa La Nueva Metropol, que habría desviado fondos del sistema SUBE por un valor estimado de $30.000 millones.
La denuncia indica que La Nueva Metropol, de los hermanos Eduardo y Javier Zbikoski, habría registrado viajes cortos como si fueran tramos largos en la SUBE, aumentando artificialmente los subsidios percibidos por la empresa.
Acorralado por la denuncia, Pierrini presentó su renuncia argumentando “motivos personales”, aunque desde el Ejecutivo reconocen que fue una decisión forzada. Caputo contó con el aval de Karina Milei para tomar la medida.
Las fuentes oficiales señalaron que la salida de Pierrini y los titulares de Trenes Argentinos no implica crisis, sino un reordenamiento estratégico de la gestión de transporte, incluyendo la supervisión de los subsidios y la infraestructura ferroviaria.


Horas después, renunció Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), y fue reemplazado por Ernesto Gaspari, cercano a Santiago Caputo. Desde el Ministerio de Justicia destacaron el profesionalismo de Starc y aseguraron que continuará colaborando en otras funciones.

La empresa negó irregularidades y acusó al Grupo Dota, que controla cerca del 50% del transporte urbano del AMBA, de promover la denuncia. Argumentaron que los cambios en las validaciones se deben a la corrección de la “evasión gris”, un ajuste técnico en los boletos de pasajeros.
Por su parte, la Asociación Arco Social presentó la denuncia penal y resaltó que en diciembre de 2025 ya se habían hecho advertencias técnicas formales que no fueron atendidas por la Secretaría de Transporte ni por el Ministerio de Economía.
El caso reaviva el debate sobre el control de los subsidios al transporte, históricamente cuestionado por la falta de auditorías y fiscalización. Las cámaras empresarias anticipan que llevarán el caso a la Justicia penal, para determinar responsabilidades de forma independiente y evitar futuros perjuicios al Estado.