Fuerte conflicto sindical
22/01/2026 - Edición Nº1080
Política
Señales de fondo
El mensaje político detrás del ajuste de Llaryora a su propio gabinete en Córdoba
22/01/2026 | Deuda en dólares, caja bajo presión y conflicto gremial: por qué el gobernador refuerza la austeridad.
El gobernador Martín Llaryora, en el centro de la escena por las decisiones de ajuste en su gabinete.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, prorrogó hasta diciembre de 2026 la reducción de salarios del Gobernador, la vicegobernadora, ministros y funcionarios políticos del Poder Ejecutivo. Aunque presentada como una continuidad administrativa, la decisión expone un mensaje político preciso, vinculado al delicado equilibrio fiscal que enfrenta la provincia en el inicio de 2026.
La extensión del recorte salarial funciona como una señal preventiva en un escenario de caja más estrecha, endeudamiento en puerta y creciente presión social.
Un ajuste que se sostiene cuando el contexto cambia
La resolución mantiene los porcentajes vigentes:
- 25% para el Gobernador y la Vicegobernadora.
- 15% para los ministros.
- 10% para el resto de los funcionarios políticos.
El Gobierno provincial argumenta que persisten las condiciones económicas que motivaron la medida original. Sin embargo, la prórroga llega en un momento distinto: Córdoba acaba de acelerar una emisión de deuda internacional y enfrenta un horizonte fiscal más incierto del previsto.
Deuda, menos recursos y urgencia financiera
Tal como se reconstruyó, la administración Llaryora volverá esta semana a los mercados internacionales para emitir un bono por USD 500 millones, bajo legislación extranjera y con una tasa buscada inferior al 9%. Aunque formalmente destinada a obra pública, en el entorno del gobernador admiten que la operación también busca oxígeno fiscal.
La colocación se adelantó varios meses respecto del plan original y ocurre luego de una fuerte reducción impositiva dispuesta a comienzos de año, con un costo fiscal estimado en USD 600 millones. La recuperación económica que debía compensar esa pérdida de recaudación todavía no aparece.
Coparticipación en baja y fondos nacionales en duda
El cuadro se completa con otros factores que presionan la caja provincial. La coparticipación federal mostró una caída sostenida en el último semestre y no hay certezas sobre los giros futuros de la Anses a la Caja de Jubilaciones de Córdoba.
La Corte Suprema ordenó transferencias mensuales de $5.000 millones hasta abril, pero el Presupuesto nacional 2026 apenas prevé $120.000 millones para las 13 provincias con cajas no transferidas, una señal que en el Panal leen como negativa.
Conflicto previsional y presión sindical
En paralelo, el Gobierno enfrenta un endurecimiento del conflicto gremial por la reforma previsional. Los sindicatos estatales activaron protestas públicas en plena temporada de festivales y trasladaron el reclamo tanto a la provincia como a la Casa Rosada, exigiendo el pago de la deuda previsional.
Desde la oposición, el ajuste previsional es presentado como un “ajuste encubierto” sobre trabajadores y jubilados, mientras que el oficialismo sostiene que se trata de un esquema redistributivo y viable a largo plazo.
El gesto hacia la sociedad (y hacia adentro)
En ese contexto, la continuidad del recorte salarial del gabinete cumple una doble función. Hacia afuera, refuerza el discurso de austeridad en un momento en que la Provincia busca endeudarse en dólares y enfrenta reclamos sociales. Hacia adentro, ordena políticamente al gabinete, dejando en claro que no habrá excepciones ni desmarques.
Aunque el impacto fiscal del recorte es limitado, su valor es simbólico y estratégico. Llaryora elige mostrar que el ajuste también alcanza a la política en un año donde cada decisión económica será leída con lupa.
Más que una prórroga, una señal preventiva
La medida será ejecutada y evaluada por el Ministerio de Economía y Gestión Pública y publicada en el Boletín Oficial. Pero su verdadero alcance no está en la norma, sino en el mensaje: anticiparse a un 2026 más complejo de lo previsto.
Con deuda en puerta, menos recursos propios y un conflicto previsional abierto, el ajuste al gabinete aparece como una pieza más de una estrategia defensiva para preservar gobernabilidad y margen fiscal.
TM
