por Mikel Viteri
El Indo-Pacífico se ha convertido en el principal epicentro de la competencia geopolítica del siglo XXI. En ese escenario, Japón ocupa una posición singular: es la tercera economía del mundo, un aliado clave de Estados Unidos y, al mismo tiempo, un país constitucionalmente limitado en el uso de la fuerza. La creciente tensión regional, marcada por la expansión militar china y la erosión del orden de seguridad posterior a la Guerra Fría, ha empujado a Tokio a replantear silenciosamente su papel estratégico. Japón ya no debate si debe adaptarse, sino cómo y hasta dónde hacerlo.
Japón no es solo conocido por su gastronomía, su cultura del sumo y las geishas, ni por el manga y el anime. Hoy es también una de las potencias militares más avanzadas del mundo, pese a estar formalmente restringido por su Constitución de posguerra. Las Fuerzas de Autodefensa japonesas disponen de una marina de primer nivel, sistemas antimisiles altamente sofisticados, una aviación moderna y una integración operativa profunda con Estados Unidos. Sin embargo, todo este poder se desarrolla bajo el marco del Artículo 9 constitucional, que prohíbe el uso de la fuerza como instrumento de política exterior y establece la renuncia explícita a la guerra ofensiva tras las acciones de Tokio durante la Segunda Guerra Mundial.
Durante décadas, este modelo funcionó gracias a dos factores: el paraguas de seguridad estadounidense y un entorno regional relativamente estable. Hoy, ambos supuestos han dejado de ser seguros. El equilibrio militar en Asia oriental se ha deteriorado, y Japón —por geografía, economía y dependencia marítima— se encuentra en la primera línea. La modernización militar japonesa no responde a ambiciones revisionistas, sino a una adaptación defensiva ante un entorno crecientemente hostil.
El principal impulsor político de este giro fue Shinzo Abe, quien sostuvo que Japón debía convertirse en un “país normal” desde el punto de vista estratégico. Bajo su liderazgo, Tokio reinterpretó el Artículo 9 para permitir la autodefensa colectiva, ampliando el margen legal para operar junto a aliados. Esta visión es hoy defendida por figuras como Sanae Takaichi, que plantea abiertamente la necesidad de revisar la Constitución como condición para garantizar la seguridad nacional.

El factor estructural más relevante detrás de esta transformación es la expansión de China. Pekín ha incrementado de forma sostenida su presión militar y diplomática en el Mar de China Oriental, particularmente en torno a las islas Senkaku, administradas por Japón y reclamadas por China. Las incursiones aéreas y navales chinas han convertido una disputa latente en un riesgo permanente, obligando a Tokio a asumir que la disuasión debe ser creíble, visible y sostenida.
En este contexto, Corea del Norte y Rusia actúan como factores secundarios pero desestabilizadores. Corea del Norte mantiene una presión constante mediante pruebas de misiles balísticos capaces de alcanzar territorio japonés, normalizando un estado de alerta permanente. Al mismo tiempo, Rusia conserva disputas territoriales con Japón en las islas Kuriles y ha reforzado su presencia militar en el Lejano Oriente tras la guerra en Ucrania, recordando que el uso de la fuerza para alterar fronteras ha regresado al sistema internacional.

De cara al futuro inmediato, Japón ha vinculado explícitamente su seguridad a la de Taiwán. Altos funcionarios japoneses han afirmado que un ataque chino contra la isla tendría consecuencias directas para Japón, tanto por la proximidad geográfica como por la amenaza a rutas marítimas críticas. Esto sugiere que Tokio estaría dispuesto a participar activamente, al menos junto a Estados Unidos, en un escenario de defensa de Taiwán.
Sin embargo, este giro estratégico no cuenta con un consenso social pleno. Las encuestas muestran a una sociedad profundamente dividida: alrededor de la mitad de los japoneses apoya, en términos generales, una reforma constitucional, pero cuando la pregunta se centra específicamente en modificar el Artículo 9, el respaldo disminuye notablemente y la oposición sigue siendo significativa. Muchos ciudadanos aceptan el fortalecimiento de las capacidades defensivas, pero recelan de un abandono explícito del pacifismo constitucional que ha definido a Japón desde 1947.
La gran incógnita es si Japón avanzará hacia una reforma formal del Artículo 9. Aunque la reinterpretación ya ha ampliado considerablemente el margen de acción militar, una modificación constitucional marcaría un punto de inflexión histórico. Más que un abandono del pacifismo, supondría su adaptación a un entorno en el que la disuasión pasiva ya no garantiza la paz. Japón ya actúa como una potencia militar avanzada; la pregunta es si terminará por reconocerlo plenamente en su marco legal y político.