La difusión del video del crimen de Jeremías Monzón, asesinado por otros adolescentes, aceleró una decisión política que Maximiliano Pullaro venía madurando desde hace años, pero que eligió exponer ahora.
El gobernador de Santa Fe volvió a reclamar públicamente la baja de la edad de imputabilidad y lo hizo con una frase contundente: “Una persona que comete un delito de estas características sabe lo que está haciendo”. No se trató de una reacción espontánea ni de una declaración aislada: el mensaje fue cuidadosamente calibrado.
Pullaro evitó referirse directamente al expediente judicial, pero vinculó el hecho con un diagnóstico más amplio sobre la criminalidad actual. “Tal vez el Código Penal fue pensado para una Argentina diferente”, sostuvo ante la prensa, al plantear que hoy no puede evaluarse únicamente la edad, sino la gravedad del delito cometido.
El mandatario remarcó que su postura no es nueva. Recordó que ya había planteado la necesidad de bajar la edad de imputabilidad durante su paso por el Ministerio de Seguridad provincial, entre 2015 y 2019, cuando —según explicó— tomó contacto directo con niveles de violencia extrema.

El planteo se produce en un momento particular. Santa Fe atraviesa una fuerte conmoción social por el crimen de Monzón, mientras el Gobierno nacional busca reactivar en el Congreso un proyecto para reformar el Código Penal y reducir la edad de punibilidad.
Pullaro se alineó con esa agenda, pero lo hizo desde una clave propia: mostrar decisión política frente a una demanda social sensible, sin quedar atrapado en el impacto emocional del caso. “La responsabilidad institucional es pensar políticas públicas”, afirmó.
El mensaje también funciona como una señal hacia la Casa Rosada. El Ejecutivo nacional consiguió dictamen en Diputados en 2025 para bajar la edad de imputabilidad, pero el proyecto nunca llegó al recinto. Con un nuevo Congreso, el tema volverá a escena.
En ese contexto, Pullaro busca posicionar a Santa Fe como una provincia dispuesta a discutir reformas estructurales, especialmente en materia de seguridad y justicia penal, dos ejes centrales de su gestión.

Las declaraciones del gobernador reavivaron críticas de sectores judiciales, organismos de derechos humanos y entidades profesionales, que advierten sobre el riesgo de respuestas punitivas sin políticas de contención social. Pullaro, sin embargo, insistió en que la criminalidad cambió y que la ley debe adaptarse a esa realidad.
Sin mencionarlo explícitamente, el caso Monzón funcionó como catalizador. No para explicar el crimen, sino para reforzar una definición política: poner en agenda un debate que incomoda, pero que el gobernador considera inevitable.