El Gobierno de Tierra del Fuego rechazó de manera formal la intervención del puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional y sostuvo que la medida carece de fundamentos objetivos.
La postura oficial fue expresada a través de un comunicado institucional difundido tras la decisión adoptada el miércoles 21 de enero por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
En el documento, la administración provincial expuso cinco ejes centrales en los que cuestiona tanto la legalidad como la razonabilidad de la intervención, al tiempo que advirtió sobre un posible avasallamiento a la autonomía provincial garantizada por la Constitución Nacional.
Uno de los principales cuestionamientos del Ejecutivo fueguino apunta a la falta de argumentos concretos que sustenten la decisión nacional. Según el comunicado, el propio acto administrativo presenta contradicciones internas.
“No hay ninguna razón objetiva que justifique la intervención del puerto”, sostiene el texto, y agrega que la resolución de la ANPyN “inhabilita la operación de la terminal para luego, en dos artículos posteriores, dejar sin efecto esa misma inhabilitación”.
Para el Gobierno provincial, esta inconsistencia evidencia la ausencia de fundamentos técnicos o administrativos que avalen una medida de tal magnitud.

La Provincia remarcó que el puerto de Ushuaia funciona con normalidad y atraviesa una etapa de crecimiento sostenido. En ese sentido, destacó que durante la actual temporada se prevé la llegada de más de 525 recaladas de cruceros de gran porte y buques en general.
En las últimas semanas, el puerto registró cifras récord de actividad: en menos de 24 horas se atendieron 16 embarcaciones de bandera internacional y más de 30 en una sola semana, con un movimiento superior a las 30 mil personas entre pasajeros y tripulantes.
“El puerto ha crecido y funciona con total normalidad”, subraya el comunicado, que además menciona la confianza de operadores internacionales y las obras de infraestructura realizadas, entre ellas la extensión de 104 metros del muelle, que permite recibir el doble de buques en simultáneo.
Otro de los puntos abordados por el Ejecutivo fueguino está vinculado a la Ley Provincial N° 1596, aprobada por unanimidad por la Legislatura, que habilita la utilización del superávit del puerto para fortalecer la obra social provincial OSEF.
Según aclaró el Gobierno, pese a la sanción de la norma, “desde el puerto no se ha hecho efectivo ningún traspaso de fondos a la obra social”. De este modo, se descartó que la ley haya afectado el funcionamiento, la administración o la infraestructura de la terminal portuaria.

El comunicado también expresa preocupación por las motivaciones que podrían estar detrás de la decisión nacional. La Provincia señaló que no se brindaron explicaciones claras sobre los alcances de la intervención ni informes técnicos que la respalden.
“Se están instalando narrativas preocupantes respecto a intencionalidades geopolíticas o económicas —no explicitadas— que trascienden la realidad del puerto”, advierte el texto oficial, que remarca que no existe “ningún argumento en relación con la administración o la infraestructura” de la terminal.
Si bien el Gobierno fueguino informó que mantiene conversaciones con los más altos niveles del Gobierno nacional en busca de una rápida solución, confirmó que avanzará en paralelo con un reclamo judicial.
“Esta intervención constituye un avasallamiento, sin ningún tipo de argumento ni hecho que la avale, a la autonomía de nuestra provincia”, afirmó el Ejecutivo, al tiempo que definió al puerto de Ushuaia como “un pilar fundamental para nuestro desarrollo económico y logístico”.
En la misma línea, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, desmintió categóricamente las versiones sobre presuntos desvíos de fondos, desmanejos administrativos o falta de inversiones en el puerto de Ushuaia.
“Es falso que exista desvío de fondos, falta de inversiones o desmanejos en el puerto de Ushuaia”, afirmó el funcionario, y consideró que esos argumentos “son una excusa de Nación para justificar una medida de intervención que carece de razones válidas”.
Murcia aclaró que, si bien existe una ley provincial aprobada, “el puerto nunca envió ni un peso a OSEF, eso no ocurrió, no es real”. Además, explicó que el préstamo otorgado a la Provincia “es un instrumento perfectamente legal”, acordado mediante un convenio que se está cumpliendo en tiempo y forma.
Respecto de la infraestructura, el titular de Puertos destacó las obras realizadas en los últimos años y aseguró que la terminal cumple con estándares nacionales e internacionales.
“Estamos brindando servicios a buques de firmas internacionales de primera línea, que destacan la calidad, la seguridad y la excelencia de nuestro trabajo”, sostuvo, y añadió que la propia intervención “reconoce que el puerto está plenamente operativo y funcional”, al dejar sin efecto la inhabilitación en el mismo acto administrativo.
Finalmente, Murcia aseguró que la Provincia agotará todas las instancias necesarias para revertir la decisión: “Haremos todo lo necesario desde el punto de vista administrativo y judicial para rechazar esta intervención y que los fueguinos y fueguinas tengamos pleno control de un puerto que nos pertenece”.