La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el rechazo al pedido de libertad del exteniente coronel del Ejército Juan Daniel Amelong, condenado por múltiples crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar argentina. El intento de obtener el cese de su prisión preventiva había sido fundamentado por la defensa en el fallo “Castillo” de la Corte Suprema, pero no prosperó.
En su resolución, el juez Alejandro Slokar sostuvo que “no corresponde otorgar beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad” y advirtió que “no puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad”, en virtud de los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos.
Amelong integró los grupos de Inteligencia del Destacamento 121 de Rosario durante el Proceso de Reorganización Nacional y acumula cinco condenas, entre ellas tres prisiones perpetuas y una sentencia por la apropiación de mellizos nacidos en cautiverio, delitos que lo vinculan con secuestros, torturas y desapariciones forzadas.
La Justicia también constató que facilitó el uso de su vivienda familiar para el funcionamiento del centro clandestino conocido como La Intermedia y participó en misiones de inteligencia en el exterior, elementos que reforzaron la gravedad de las acusaciones y la necesidad de mantener su reclusión.
La defensa de Amelong había recurrido también a instancias internacionales: en 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desestimó una presentación suya al no encontrar vulneración de derechos, lo que contribuyó a que la Justicia argentina sostuviera su postura de no otorgar beneficios penitenciarios.
En múltiples juicios orales fue hallado responsable de graves crímenes de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos de detención como Quinta de Funes, La Intermedia y otros puntos del circuito represivo del Gran Rosario.
Fue condenado en al menos cinco causas distintas, incluidas varias vinculadas a la megacausa conocida como Guerrieri/Porra: tres de esas sentencias le impusieron prisión perpetua por secuestros, tormentos, desapariciones forzadas, homicidios y privación ilegítima de la libertad.
Siempre en el marco de su actuación en los año de plomo, también recibió una pena de 13 años de cárcel en la causa “Hospital Militar de Paraná” por la apropiación de los mellizos Valenzuela-Negro— por el robo de bebés nacidos en cautiverio.
En uno de los hechos más emblemáticos acreditados por la Justicia, se probó que su compromiso con la dictadura lo llevó a ofrecer su casa para el funcionamiento de un centro clandestino de detención y que él en persona intervino en la entrega irregular de una hija de Raquel Negro, una nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo, mientras su mellizo sigue desaparecido.
Alejandro Walter. Slokar es juez de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, y uno de los magistrados con mayor trayectoria en materia de derechos humanos y derecho penal. Abogado y doctor en Derecho, fue Procurador Penitenciario de la Nación entre 2000 y 2005 y se desempeñó como académico y docente universitario, con especialización en criminología y sistema penal.
Desde Casación integró y presidió salas clave y firmó numerosos fallos que consolidaron la jurisprudencia argentina en causas de lesa humanidad, sosteniendo la imprescriptibilidad de esos delitos y el rechazo a beneficios que puedan derivar en escenarios de impunidad, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.
GZ