Diputados aliados a La Libertad Avanza volvieron a poner en agenda la derogación de las jubilaciones de privilegio para expresidentes, exvicepresidentes, exjueces de la Corte Suprema y determinados miembros de la Iglesia. El proyecto, impulsado por los legisladores del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone, será tratado nuevamente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda a partir de marzo, con el inicio del nuevo período ordinario.
La iniciativa sumó un dato clave para su discusión: según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la reforma generaría un ahorro estimado de $1.234,3 millones anuales para el Estado.
El cálculo fue solicitado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis “Bertie” Benegas Lynch, a partir de un pedido vinculado al tratamiento de la propuesta.
Según la evaluación técnica, las asignaciones vitalicias actuales representan un gasto total anual de $1.614,8 millones, distribuidos en:
$45,8 millones para eclesiásticos
$859,6 millones para expresidentes y exvicepresidentes
$709,5 millones para exjueces de la Corte Suprema
En el escenario proyectado con la sanción de la nueva ley, el gasto bajaría a $380,6 millones anuales, en función del cambio de régimen y el reemplazo de beneficios por alternativas del sistema general.
La propuesta apunta a derogar las leyes que establecen regímenes especiales de asignaciones mensuales vitalicias y previsionales diferenciadas que alcanzan a expresidentes y exvicepresidentes, jueces de la Corte Suprema y magistrados del Poder Judicial, funcionarios del Servicio Exterior y autoridades eclesiásticas del culto católico
Además, en uno de sus artículos establece una asignación mensual vitalicia para el Presidente de la Nación tras dejar el cargo, equivalente al 80% de la remuneración vigente del jefe de Estado en funciones.
El texto también incorpora el principio de irretroactividad de las leyes y prevé que el Poder Ejecutivo invite formalmente a los beneficiarios actuales a renunciar voluntariamente al régimen especial y optar por los nuevos criterios.
Falcone aseguró que insistirán con una iniciativa presentada originalmente en 2024 y celebró que se haya pedido finalmente un cálculo fiscal a la OPC. En ese marco, apuntó contra el exdiputado José Luis Espert por la falta de avances cuando conducía la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Zago y Falcone también destacaron el rol de Benegas Lynch, quien se ocupó de solicitar el informe técnico para respaldar el debate con datos de impacto económico.
El informe plantea que, con la reforma, los eclesiásticos pasarían a percibir la PUAM, lo que llevaría el gasto anual de ese segmento a $51,5 millones. Para los expresidentes, el costo se estimó en $169,1 millones, y para exjueces de la Corte Suprema en $159,9 millones, bajo parámetros del régimen general.
En el caso de los exvicepresidentes, el proyecto elimina directamente la posibilidad de acceder a una prestación jubilatoria específica, lo que explicaría parte central de la reducción del gasto total.
El debate aparece en un contexto de fuerte sensibilidad social por la situación de los jubilados del régimen general. En la actualidad, una jubilación mínima con el bono mensual de $70.000 alcanza un ingreso total cercano a $440.000.
En paralelo, las jubilaciones de privilegio pueden superar en algunos casos los $15 millones mensuales, según los datos consignados en el debate parlamentario.
Entre quienes perciben asignaciones por regímenes especiales figuran expresidentes como Isabel Martínez de Perón, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Adolfo Rodríguez Saá, además de familiares directos de exmandatarios fallecidos.
También cobran jubilaciones especiales exvicepresidentes como Gabriela Michetti, Daniel Scioli y Julio Cobos. En tanto, el beneficio de Carlos Ruckauf fue renunciado.
En el caso de Cristina Fernández de Kirchner y Amado Boudou, sus jubilaciones especiales se encuentran suspendidas por resoluciones del Poder Ejecutivo Nacional.
El presidente Javier Milei comunicó en junio de 2024 su renuncia a la jubilación de privilegio, al dejar asentado ante la ANSES su decisión de no ejercer el derecho previsto por el régimen de asignaciones mensuales vitalicias.
Con esos antecedentes y el informe técnico de la OPC, el proyecto de derogación volverá a escena desde el 1 de marzo en Diputados, en un debate que promete sumar tensión política y alto impacto simbólico.