El conflicto armado entre facciones del crimen organizado en Sinaloa dejó de ser un fenómeno periférico para convertirse en una crisis institucional abierta. La acumulación de asesinatos de policías municipales, especialmente en Culiacán, expone un deterioro sostenido de la autoridad local y un desgaste operativo que ya no puede ocultarse bajo discursos de normalidad. La violencia no solo se mide en muertos, sino en la pérdida efectiva de control territorial.
Desde el inicio de la disputa interna del cártel dominante, la policía municipal pasó a ocupar el lugar más vulnerable del sistema de seguridad. Sin la capacidad de fuego de las fuerzas federales ni la inteligencia estratégica del Ejército, los agentes locales quedaron atrapados entre la presión criminal y la desconfianza institucional. La función preventiva se transformó en una tarea de supervivencia cotidiana, con patrullajes limitados y presencia simbólica.
La reducción del número de efectivos en la policía municipal no es solo consecuencia de los homicidios. Renuncias, licencias prolongadas y procesos de separación interna profundizaron el vaciamiento de una institución ya frágil. En ese contexto, el repliegue territorial se volvió una decisión tácita, concentrando la vigilancia en zonas céntricas mientras barrios enteros quedaban expuestos al control de grupos armados.
La intervención de fuerzas federales, lejos de fortalecer a la policía local, terminó por subrayar su debilidad estructural. Operativos de desarme y evaluaciones extraordinarias dejaron en evidencia la falta de autonomía del municipio para sostener su propia seguridad. La subordinación operativa, aunque necesaria en el corto plazo, consolidó una dependencia que limita cualquier estrategia de recuperación institucional.

La respuesta política priorizó la recomposición numérica: más agentes, más incentivos y formación acelerada. Sin embargo, la incorporación de nuevos efectivos no resuelve el problema de fondo si no va acompañada de protección real, investigación de los ataques y una carrera policial viable. En un escenario de guerra prolongada, cada nuevo ingreso enfrenta el mismo riesgo que quienes abandonaron el uniforme.
Personal Militar patrullando en las del #Sinaloa con un poderoso Lanza Cohetes en la espalda que pocas veces se ve portándolas y un Calibre .50 Montada en en uno de los vehículos por si es necesario utilizarlo. pic.twitter.com/FZwNlwKOU3
— Santiago Delta (@Santiagod181281) January 23, 2026
El caso de Sinaloa funciona como advertencia para otros estados mexicanos. Cuando la violencia criminal logra erosionar a la policía municipal, el Estado pierde su primer punto de contacto con la ciudadanía. Sin una reconstrucción institucional profunda, la seguridad queda reducida a intervenciones externas y temporales, incapaces de restablecer un orden duradero en el territorio.