El respaldo del gobernador Alberto Weretilneck a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei dejó al descubierto una paradoja política: apoya una de las iniciativas más sensibles de la Casa Rosada sin contar con representantes propios en el Congreso que le permitan incidir en su aprobación o negociar compensaciones para Río Negro.
Weretilneck no gravitará en el debate legislativo porque hoy no tiene legisladores propios ni en Diputados ni en el Senado.
El encuentro con el ministro del Interior Diego Santilli, del que también participó el jefe de Gabinete Manuel Adorni, se inscribió en la ronda de reuniones del Gobierno nacional con gobernadores para sumar respaldos al proyecto de “Modernización Laboral”.
Tras la reunión, Weretilneck coincidió con Nación en la “importancia de que el proyecto de ley avance en el Congreso, como parte de la agenda de reformas orientadas a promover el empleo formal”. Sin embargo, a diferencia de otros mandatarios provinciales, su apoyo no se traduce en votos concretos.
El resultado electoral de octubre dejó a Juntos Somos Río Negro sin bancas propias en ambas cámaras, una debilidad que limita severamente la capacidad del gobernador para negociar recursos, obras o alivios fiscales a cambio de acompañamiento legislativo.

El respaldo se explica más por la necesidad que por la fortaleza. Río Negro atraviesa un escenario económico ajustado: la coparticipación federal representa cerca del 60% de sus recursos corrientes y, según reconoció el propio gobernador, la recaudación del último año quedó varios puntos por debajo de la inflación.
En ese contexto, Weretilneck busca sostener una agenda abierta con la Casa Rosada para no quedar completamente afuera de decisiones clave vinculadas a infraestructura, rutas nacionales, energía y proyectos estratégicos como el GNL y el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.
El alineamiento con una reforma laboral de alcance nacional contrasta con el clima puertas adentro de la provincia. El gobierno rionegrino enfrenta un inicio de año marcado por la tensión con los gremios estatales, en especial con UnTER, ATE y UPCN, que reclaman recomposición salarial frente a la pérdida de poder adquisitivo.
El Ejecutivo ofreció ajustes trimestrales atados al IPC, una propuesta que los sindicatos consideran insuficiente y que amenaza con demorar el inicio del ciclo lectivo. En paralelo, el Presupuesto 2026 prevé un aumento salarial anual del 11%, muy por debajo de las demandas gremiales.
La contradicción no pasa desapercibida: mientras Weretilneck respalda una reforma laboral que promete “previsibilidad” para el sector privado, en la provincia se acumulan conflictos por salarios, empleo público y caída de ingresos reales.
En ese marco, una lectura posible es que el gobernador de Río Negro espera que Nación aumente la cantidad de fondos que su provincia recibe para poder afrontar las dificultades económicas venideras.
El principal riesgo es político. Sin votos para negociar y con un conflicto social latente, el apoyo a la reforma laboral puede dejar al gobernador expuesto ante dos frentes: un sindicalismo provincial en alerta y una oposición que ya empieza a capitalizar el desgaste.
A eso se suma el calendario electoral. Con las elecciones provinciales previstas para 2027 y La Libertad Avanza ya conformada como partido en Río Negro, cualquier alineamiento temprano con la agenda libertaria puede tener costos si no se traduce en mejoras concretas para la provincia.
Por ahora, el respaldo de Weretilneck funciona más como un gesto de supervivencia política que como una jugada de poder. Sin votos en el Congreso y con la billetera ajustada, el margen de maniobra es estrecho y el riesgo, alto.
TM