La publicación de la octava edición de Formando Futuro, documento programático del Movimiento Derecho al Futuro, reactivó el debate sobre el rumbo de las políticas laborales en la Argentina, con especial foco en la formalización del empleo, el salario mínimo y el rol del Estado en la regulación del mercado de trabajo.
El material reúne aportes de economistas y dirigentes sindicales vinculados al espacio que rodea al gobernador bonaerense Axel Kicillof, y plantea una agenda laboral que contrasta con el enfoque desregulador impulsado por el Gobierno nacional.
Uno de los aportes centrales del documento corresponde a Daniel Kostzer, economista jefe de la Confederación Sindical Internacional, quien sostiene que las reformas laborales exitosas a nivel internacional comparten rasgos estructurales claros.
“La evidencia internacional muestra que las reformas laborales que funcionan coordinan incentivos, reducen precariedad improductiva y elevan la demanda interna”, afirma Kostzer. En ese marco, identifica tres pilares fundamentales: “instituciones salariales sólidas, negociación colectiva fuerte y protección social”.
El economista pone especial énfasis en el concepto de salario vital, impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que define como una herramienta concreta de política pública y no como una consigna simbólica. “La agenda de salarios vitales de la OIT no es un gesto retórico: implica un marco para discutir adecuación, metodologías de estimación y el rol del Estado”, subraya.
Según Kostzer, los salarios insuficientes generan costos económicos y sociales que terminan afectando la productividad. “Cuando el salario no alcanza para reproducir la vida, se multiplican el endeudamiento de los hogares, la informalidad por necesidad, el deterioro de la salud y la caída del consumo. A la larga, eso es un freno a la productividad”, advierte.
Otro de los ejes centrales del planteo es la defensa de la negociación colectiva sectorial como mecanismo de coordinación económica. Kostzer remarca que los países con mayores niveles de productividad y menor desigualdad cuentan con alta cobertura de convenios colectivos, incluso cuando la afiliación sindical es más baja.
“La negociación sectorial coordina salarios, reduce la competencia a la baja y mejora la planificación empresarial. Es una institución de eficiencia macroeconómica: evita que la ‘competitividad’ se convierta en una guerra salarial”, sostiene.
Desde esta perspectiva, la negociación colectiva no solo cumple una función distributiva, sino que actúa como un factor de previsibilidad para el sistema productivo, al ordenar expectativas y reducir la volatilidad del ingreso laboral.
En contraste con el argumento oficial que asocia derechos laborales con informalidad, Kostzer plantea que el trabajo no registrado responde a causas estructurales. “La informalidad no surge porque existan derechos, sino por estructuras productivas de baja productividad, evasión empresaria, falta de fiscalización, segmentación territorial y cadenas de subcontratación que externalizan riesgos”, enumera.
En ese sentido, advierte que “reducir derechos no formaliza: precariza también al empleo formal y desplaza la frontera hacia abajo”. Para el economista, la informalidad es “una forma de organización del poder económico, un mecanismo para transferir riesgos hacia el trabajador”.
Como alternativa, propone una estrategia inversa: “ampliar y adaptar derechos”, a través de salarios suficientes, cobertura efectiva de seguridad social, negociación colectiva por rama y por cadenas de valor, y sistemas de fiscalización inteligente, incluida la dimensión digital.

El documento también aborda el trabajo en plataformas digitales, un punto que Kostzer vincula directamente con los debates en curso en la OIT. Según señala, el organismo internacional avanzará en 2026 en la definición de estándares globales sobre trabajo decente en plataformas.
“La respuesta global no es negar la tecnología, sino regularla con derechos”, afirma. La agenda internacional incluye la clasificación laboral para evitar la falsa autonomía, reglas claras de remuneración y transparencia, seguridad y salud, protección social y gobernanza de datos y algoritmos.
Para Kostzer, esta discusión “desmiente el enfoque desregulador como supuesto requisito de modernidad” y refuerza la necesidad de políticas activas de regulación laboral.
En la misma publicación, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, plantea una mirada política sobre el debate laboral y cuestiona el enfoque del Gobierno nacional. “Estamos en un momento en el que se ha perdido el horizonte y se ha desestimado el factor humano”, afirma, al criticar lo que define como un intento de retroceder a etapas previas a las conquistas históricas del movimiento obrero.
Correa sostiene que “hace falta una reforma laboral verdaderamente moderna”, alineada con las tendencias internacionales, donde “la jornada laboral tiende a reducirse” como forma de mejorar la productividad, la salud y la calidad de vida. En ese sentido, cuestiona que en la Argentina el debate apunte a extender una jornada que ya alcanza las 48 horas semanales.
Para el ministro, el eje central de cualquier reforma debe ser la incorporación de trabajadores a la economía formal. “Es necesario blanquear la economía, terminar con la timba financiera y volver a un modelo productivo centrado en la producción nacional”, sostiene, al tiempo que propone pensar el impacto de la inteligencia artificial y la robótica como herramientas para el desarrollo industrial.
Correa remarca que una reforma laboral genuina no puede imponerse de manera unilateral. “Una verdadera reforma laboral, social y política es la que se anima al debate abierto y a la construcción de consensos, con toda la sociedad sentada alrededor de la misma mesa”, concluye.