El 24 de enero de 2011, un atentado suicida sacudió la terminal internacional del aeropuerto de Moscú-Domodédovo, uno de los principales nodos de transporte de Rusia. La explosión, ocurrida en la zona de llegadas, provocó decenas de víctimas y generó una fuerte conmoción tanto a nivel nacional como internacional, en un país acostumbrado a convivir con amenazas terroristas desde hace décadas.
El ataque dejó al menos 37 muertos y más de un centenar de heridos, entre ellos ciudadanos rusos y extranjeros. La elección del lugar y el momento evidenció la intención de maximizar el impacto simbólico y mediático, al golpear una infraestructura clave del Estado ruso y un espacio de tránsito civil masivo.
Las investigaciones posteriores apuntaron a un atacante procedente del Cáucaso Norte, región marcada por conflictos armados y radicalización. El atentado expuso debilidades en los controles de seguridad aeroportuarios, particularmente en áreas abiertas al público, y desató críticas internas sobre la eficacia de los protocolos existentes.
En respuesta, el Kremlin ordenó un refuerzo inmediato de la seguridad en aeropuertos, estaciones de tren y otros puntos estratégicos. Las autoridades también impulsaron revisiones normativas y operativas, buscando cerrar brechas que permitieran ataques similares en el futuro.
Más allá de las medidas inmediatas, el atentado de Domodédovo reabrió un debate de fondo sobre la política antiterrorista rusa y el equilibrio entre seguridad y libertades civiles. El episodio se inscribió en una secuencia de ataques que marcaron la agenda de seguridad del país durante la década de 2010.
A más de una década del hecho, el ataque sigue siendo recordado como un punto de inflexión en la protección de infraestructuras críticas en Rusia. Su legado persiste en la arquitectura de seguridad del país y en la memoria colectiva de una sociedad golpeada recurrentemente por la violencia política.