El crimen de Jeremías Monzón reavivó el reclamo por cambios en el régimen penal juvenil

El brutal asesinato de Jeremías Monzón (15), ocurrido en la provincia de Santa Fe, volvió a colocar en el centro del debate la responsabilidad penal de los menores. El caso, que tiene como imputados a adolescentes, generó una fuerte reacción social y derivó en reclamos políticos para avanzar con una reforma del régimen penal juvenil.

En la ciudad de Santo Tomé, familiares, amigos y vecinos del joven se movilizaron ayer para pedir justicia y acompañar a la familia de la víctima. La concentración tuvo como eje no solo el pedido de esclarecimiento del crimen, sino también la exigencia de una respuesta institucional frente a hechos de extrema violencia protagonizados por menores de edad.

La conmoción se profundizó en las últimas horas a partir de la circulación de un video que registra el ataque. La difusión de las imágenes provocó indignación y derivó en denuncias por su viralización. La familia de Jeremías solicitó que se detenga la circulación del material y su abogado informó que ya se inició una investigación para determinar cómo se propagó y quiénes estuvieron detrás de su difusión.

Según la investigación judicial, por el crimen hay tres menores identificados. Dos de ellos no son punibles por su edad, mientras que una adolescente de 16 años, que mantenía una relación con la víctima, fue imputada y quedó alojada en un centro especializado de menores, por disposición judicial.

El impacto del caso trascendió el plano local y llegó al escenario político nacional. La senadora Patricia Bullrich volvió a impulsar públicamente el debate por un nuevo Régimen Penal Juvenil, una iniciativa que había quedado frenada en el Congreso durante el período legislativo anterior. La dirigente cuestionó que la edad funcione como un límite para la responsabilidad penal en hechos de extrema gravedad y reclamó que el tema vuelva a discutirse.

El planteo reactivó posiciones encontradas en torno a la baja de la edad de imputabilidad. Mientras algunos sectores consideran que es una herramienta necesaria frente al aumento de la violencia, otros advierten sobre la necesidad de un abordaje integral que incluya políticas de prevención y contención.

En paralelo, desde el entorno de la familia de Jeremías comenzó a tomar forma la propuesta de una ley que lleve su nombre, como símbolo de un reclamo que busca evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Con la causa judicial en curso y el debate legislativo nuevamente en agenda, el crimen de Jeremías Monzón se transformó en un punto de inflexión que expone las tensiones entre el sistema penal juvenil vigente y las demandas de una parte de la sociedad frente a delitos de extrema gravedad.