En una decisión de fuerte impacto institucional, la Administración de Parques Nacionales (APN) dispuso este viernes la intervención inmediata del Parque Nacional Los Alerces. La medida implicó el desplazamiento de las autoridades locales y la creación de un "Comité de Intervención", que asumirá de forma transitoria todas las funciones y atribuciones de la Intendencia. Esta determinación ocurre en un momento crítico para el área protegida, donde la lucha contra el avance del fuego se cruza con una serie de investigaciones penales que mantienen en vilo a la conducción del organismo.

La resolución de la APN se apoya en dos pilares fundamentales que han debilitado la gestión actual. El primero es estrictamente operativo y responde a la necesidad de centralizar y fortalecer la respuesta ante la "emergencia ígnea declarada". Esta decisión fue tomada tras una evaluación técnica en el terreno liderada por Sergio Álvarez, titular de la APN, junto a los directores de operaciones y lucha contra incendios, quienes consideraron indispensable un cambio de mando para optimizar los recursos frente a las llamas que amenazan el patrimonio ambiental.
Sin embargo, el factor judicial es el que le da mayor peso político a la intervención. El organismo nacional reconoció que el desplazamiento de la intendencia también busca resguardar el funcionamiento institucional ante las causas judiciales de público conocimiento que se tramitan en la Fiscalía Federal de Esquel. En un contexto de alta sensibilidad social por la pérdida de bosque nativo y presuntas irregularidades, la APN intenta asegurar la tutela de los bienes ambientales y garantizar que el parque no sea rehén de las complicaciones legales de sus funcionarios.

De esta manera, el nuevo Comité de Intervención tendrá la doble misión de normalizar la administración interna y coordinar las tareas de brigadistas en un escenario de extrema complejidad climática. Mientras las actuaciones en la Justicia Federal avanzan, el Gobierno Nacional busca recuperar el control absoluto sobre uno de los parques más emblemáticos de la Patagonia, intentando que las internas políticas y los expedientes judiciales no entorpezcan la urgencia de detener el desastre ígneo en la provincia de Chubut.