Discurso más duro
24/01/2026 - Edición Nº1082
Política
Polémico tema
Edad de imputabilidad en Argentina: qué cambió desde la dictadura hasta hoy
24/01/2026 | El Gobierno volverá a la carga este año con una reforma del Código Penal para reducir la actual edad de los 16 años.
El debate sobre la edad de imputabilidad penal en la Argentina atraviesa décadas y reaparece de manera recurrente en la agenda pública, generalmente asociado a contextos de inseguridad, cambios políticos y reclamos sociales.
En la actualidad, la discusión volvió a tomar fuerza a partir de la iniciativa del gobierno nacional de reducir la edad mínima de responsabilidad penal, hoy fijada en los 16 años, lo que reaviva una controversia histórica entre enfoques punitivos, jurídicos y de protección de derechos.
La propuesta inicial de La Libertad Avanza era la reducción a 13 años, pero Diputados había logrado avanzar en un esquema que la llevaba a 14 años, aunque sin aprobación aun en el recinto. Desde el kirchnerismo han cuestionado fuertemente este enfoque. Se espera que la reforma se debata fuertemente en el 2026.
Marcha por Jeremías Monzón, el joven asesinado por menores en Santa Fe
Los orígenes del régimen penal juvenil
El Código Penal argentino, sancionado en 1921, estableció desde sus inicios un tratamiento diferenciado para los menores de edad. Si bien reconocía la posibilidad de imputar penalmente a adolescentes, la legislación fue consolidando con el tiempo la idea de que los menores requerían un abordaje específico, distinto al de los adultos, tanto en términos de responsabilidad como de sanciones.
Durante gran parte del siglo XX, el sistema se caracterizó por una fuerte discrecionalidad judicial, con predominio de un enfoque tutelar que priorizaba la intervención del Estado por sobre las garantías procesales. La edad fijada históricamente fue de 16 años.
La Ley 21.338 de 1976 y el endurecimiento del enfoque penal
Un antecedente clave en la evolución del régimen penal juvenil fue la Ley 21.338, sancionada en 1976, poco después del inicio de la última dictadura militar. Esa norma modificó disposiciones del Código Penal y avanzó en un enfoque más punitivo respecto de los menores en conflicto con la ley penal.
La ley redujo la edad de imputabilidad a los 14 años para determinados delitos, habilitando la aplicación de sanciones penales a adolescentes más jóvenes, en un contexto de fuerte restricción de garantías constitucionales y ausencia de controles democráticos.
La vigencia de la Ley 21.338 fue relativamente breve. En 1980, con la sanción de la Ley 22.278 —Régimen Penal de la Minoridad—, se restableció el límite de no punibilidad en los 16 años, criterio que continúa vigente hasta la actualidad. No obstante, la experiencia de 1976 quedó como antecedente histórico de los intentos por bajar la edad de imputabilidad en escenarios de endurecimiento penal.
Jorge Rafael Videla, presidente de facto en 1976
El impacto de los tratados internacionales
Con la recuperación democrática y, especialmente, a partir de la reforma constitucional de 1994, la Argentina incorporó tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño. Ese marco reforzó la noción de que niños y adolescentes son sujetos de derecho y que el sistema penal debe ser un recurso de última instancia.
Desde entonces, organismos internacionales, especialistas y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la vigencia de la Ley 22.278 por considerarla desactualizada y por no garantizar plenamente el debido proceso ni un enfoque socioeducativo.
Un debate que se reactiva en contextos de inseguridad
A lo largo de las últimas décadas, el debate sobre la edad de imputabilidad resurgió en distintos momentos, generalmente vinculado a hechos delictivos protagonizados por menores que generan fuerte impacto social. En esos contextos, diversos gobiernos y sectores políticos impulsaron proyectos para bajar la edad de imputabilidad, con propuestas que oscilaron entre los 14 y los 15 años.
Sin embargo, ninguna de esas iniciativas logró consenso suficiente en el Congreso, en un escenario marcado por la tensión entre la demanda de mayor seguridad y las advertencias sobre los riesgos de ampliar el alcance del sistema penal sobre adolescentes.
