El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ratificó este sábado que el Gobierno nacional avanzará en 2026 con un proyecto para bajar la edad de imputabilidad penal, en el marco de la Reforma del Código Penal que impulsa el Ejecutivo de Javier Milei. La iniciativa forma parte de la apuesta oficial a una política de “tolerancia cero” frente al delito, un eje que el oficialismo sostiene desde la campaña electoral.
Según Menem, la decisión responde a un “mandato claro” de la ciudadanía expresado en las urnas, por lo que consideró necesario abordar “los temas de fondo con decisión” y garantizar que “el que las hace, las paga”. El dirigente enfatizó en su cuenta de X que la reforma busca transformar el régimen penal juvenil para adaptarlo a las demandas actuales de la sociedad argentina.
Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión.
— Martin Menem (@MenemMartin) January 24, 2026
En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la Reforma del Código Penal.
No hay medias tintas: el que las hace, las paga. Tenemos clara nuestra posición. pic.twitter.com/jCDpfKsPS5
La iniciativa pretende revisar el régimen de responsabilidad penal juvenil vigente, que actualmente fija como edad mínima los 16 años. En versiones previas del proyecto, el oficialismo y sus aliados plantearon reducir la edad incluso hasta los 13 o 14 años para casos de delitos graves, aunque sin consenso definitivo sobre el punto exacto.
El anuncio de Menem anticipa que la baja de la edad de imputabilidad será uno de los ejes centrales del debate parlamentario en los próximos meses, en un contexto donde la seguridad pública continúa siendo un tema central de la agenda política nacional.
La propuesta oficial ha generado debates y críticas de diversos sectores, incluidos especialistas en infancia y organizaciones sociales, que advierten sobre los riesgos de criminalizar a adolescentes y señalan la necesidad de políticas de prevención y abordajes integrales.
Con este paso, el oficialismo envía una señal clara de que la seguridad seguirá en el centro de su estrategia política, aunque el camino hacia una norma definitiva requerirá negociaciones y consenso en un Congreso donde distintos bloques tienen posturas divergentes sobre cómo abordar la responsabilidad penal juvenil.
GZ