En medio del debate por la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y que se retomará en el Congreso durante febrero, diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley que propone una serie de cambios en materia laboral con un enfoque opuesto al del oficialismo.
La iniciativa, impulsada entre otros por Kelly Olmos y Victoria Tolosa Paz, funciona como una suerte de espejo de la propuesta libertaria y busca instalar una agenda alternativa centrada en la ampliación de derechos, el fortalecimiento del rol del Estado y la negociación colectiva.
El proyecto fue difundido como una plataforma integral de reformas que abarca desde el sistema indemnizatorio hasta la jornada laboral, las licencias parentales y el trabajo en plataformas digitales.
— Pablo Todero (@PabloTodero) January 24, 2026
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la modificación del régimen de homologación de los convenios colectivos de trabajo. El proyecto establece que los acuerdos alcanzados entre las partes deberán ser homologados de manera automática y entrar en vigencia a partir de su registración y publicación.
Según el texto, el objetivo es evitar demoras administrativas que, en la práctica, terminan condicionando la efectividad de los acuerdos salariales y laborales alcanzados en el marco de la negociación colectiva.
En materia de indemnizaciones, la propuesta introduce un esquema de financiamiento con intervención del sistema financiero público. El proyecto prevé que el Banco Nación actúe como garante para asegurar que las trabajadoras y los trabajadores perciban la totalidad de las indemnizaciones que les correspondan en un solo pago.
La iniciativa apunta a preservar el derecho al cobro íntegro y en una sola cuota, frente a alternativas que promueven esquemas de fondos de cese o mecanismos de pago diferido.

El proyecto también incorpora una reforma integral del régimen de licencias parentales, con un enfoque de corresponsabilidad en el cuidado. Para las personas gestantes se establece una licencia de 30 días previos al parto y 90 días posteriores, mientras que para las personas no gestantes se fijan 30 días corridos.
Además, se propone derogar el actual sistema de excedencia y reemplazarlo por un esquema de cuidado compartido que se extienda hasta que el niño o la niña alcance el primer año de edad.
Otro de los puntos destacados es la reducción de la jornada laboral. El proyecto plantea una disminución gradual del tiempo de trabajo hasta alcanzar un máximo de 40 horas semanales.
La iniciativa se enmarca en debates internacionales sobre productividad, conciliación entre vida laboral y personal, y reorganización del tiempo de trabajo sin reducción salarial.
En el capítulo referido al control laboral, la propuesta busca modernizar y fortalecer los mecanismos de inspección del trabajo. Para ello, se plantea dotar al Estado de herramientas más ágiles para combatir el empleo no registrado.
Asimismo, se reconoce a las asociaciones sindicales como colaboradoras en las tareas de inspección, con el objetivo de ampliar la capacidad de detección de irregularidades en el mercado laboral.
El proyecto dedica un apartado específico al trabajo en plataformas digitales. Allí se propone garantizar que las trabajadoras y los trabajadores cuenten con todos los derechos y opciones propias de una relación laboral, independientemente de la modalidad de contratación.
También se establece la obligación de que las plataformas operen bajo criterios de transparencia algorítmica, un punto clave en la discusión sobre asignación de tareas, ingresos y condiciones de trabajo en el sector.
En materia de condiciones laborales, la iniciativa prevé la creación de Comités Mixtos de Salud, Seguridad y Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo. El proyecto aclara que esta medida no busca limitar la facultad de dirección del empleador, sino complementarla con la participación de quienes conocen de primera mano las exigencias de cada puesto.
El objetivo es reforzar la prevención de riesgos laborales y mejorar los estándares de seguridad.
Por último, el proyecto incluye una propuesta de reducción de contribuciones patronales para micro, pequeñas y medianas empresas. La iniciativa contempla desgravaciones específicas para las MIPYMES, con el argumento de que el esquema vigente tiene un carácter regresivo al no diferenciar entre tamaños de empresas.
Según los impulsores del proyecto, esta medida permitiría aliviar costos sin afectar derechos laborales, al tiempo que promueve el empleo formal en el sector productivo de menor escala.