El 2001 todavía hoy nos alcanza en la economía

Antes de la crisis económico-financiera del 2001 que terminó con corte democrático y la salida del entonces presidente Fernando de la Rúa, el viceministro de economía Federico Sturzenegger realizó dos operaciones ruinosas para el país: el megacanje de bonos de la deuda y el blindaje con deuda con el Club de París y otros organismos multilaterales que desembocaron en la crisis política más grande de nuestra historia moderna desde el reinicio de la democracia.

En el megacanje dispuso un recambio de bonos que fueron llevados al default a partir del 2/1/2002 aunque anteriormente nos llevó al 25% de indigencia + 57% de pobreza + 25% de desocupación + recorte de 12% en jubilaciones y recorte de 13% en salarios públicos en general (no solamente los funcionarios). 

En el año 2005 comenzó la reestructuración de los bonos anteriores al 2001 con un 77% del total y el pago de la deuda total con el FMI (organismo al cual el país ingresó en 1956) por un total de U$S 9.400 millones ordenado por el presidente Néstor Kirchner, y finalmente en 2010 se completó la reestructuración de los bonos previos a diciembre de 2001 llevando su total al 93% reduciendo la deuda total de U$S 230.000 millones en 2001 a U$S 95.000 millones a fines de ese año en el que se terminaron los 7 años consecutivos de crecimiento del PBI con los superávits gemelos (comercial+fiscal).  

Durante el período 2011-2012 los hold-outs o también llamados Fondos Buitres se dedicaron a comprar la mayor parte posible de ese 7% que no se reestructuraron por dos chirolas con 50 centavos y a fines de 2012 incorporaron la demanda cercana a los U$S 2 MM que accedieron por menos del 10% de su total y su no pago de ellos en el Juzgado de Nueva York que manejaba Thomas Griesa y a su muerte lo sucedió Loretta Preska.

O sea, para que sea más fácil de entender, hicieron un negocio redondo comprando deuda basura argentina emitida en el año 2001 por menos de U$S 200 millones y al año 2025 sumaban con intereses incluidos un monto cercano a los U$S 17 MM que se solucionaban en 2024 con un simple seguro de caución que se hiciera cargo de ella por un monto máximo de U$S150 millones. Por ello, el año pasado los acreedores pidieron para cobrar su sentencia el 51% de las acciones de YPF SA que poseería el Estado Nacional cuando en realidad posee la acción de oro que es con la cual toma las decisiones y posee la Presidencia de la empresa. 

Así, cuando el mandatario actual esté por todos los países del mundo bajando del avión presidencial con un mameluco de la empresa, en lugar de ropa casual que pareciera que no posee, muestra signos que la Jueza interpreta que la empresa pertenece al Estado Nacional; en conjunto con la malísima gestión de la empresa que viene desde el 12/12/2023 a la fecha, puesto que en el primer trimestre de 2024 pidió rehacer el Estado Financiero de la firma pasando de una ganancia de U$S 1.300 millones a una pérdida de U$S 2.200 millones en 2023, como también vendió a precio vil de $1 millón por pozo la cantidad de 4 pozos convencionales en plena explotación con un promedio de 30.000 barriles diarios por pozo a una empresa recién creada con un capital total de $ 12 millones de capital social cuando solo la explotación para YPF valía U$S 1 millón.

O, como ahora nos enteramos, que durante los primeros 9 meses de 2025 presenta en sus estados financieros intermedios obligatorios por su cotización pública con una pérdida de U$S 150 millones y posee pagos de U$S 100 millones de pauta publicitaria + U$S 11 millones de honorarios a los 11 directores titulares de la empresa. Todo esto genera un terrible nivel de ineficiencia en la gestión.

Esta semana nos enteramos de que los mismos demandantes que pedían las acciones de YPF para cobrar sus deuda de bonos pre 2001, ahora piden que se les informen del destino del oro que se encuentra adicionado en las reservas, si las mismas 11 toneladas que se recompraron en 2021 porque el dúo Caputo-Sturzenegger en 2018 lo prendaron y no pagaron en marzo de 2019, por un total de U$S 4.981 millones y el cual ante los pedidos de información pública de diversos diputados + medios de comunicación + Auditoría General de la Nación + Juzgados locales nunca informaron donde están y que desde el 2/1/2026 al viernes 23 de enero pasado subió un 17% llegando a U$S 5.059 la onza troy desde los U$S 4.335 originales, como consecuencia de la venta de bonos del Tesoro de USA coordinada por la UE concomitantemente con China y Japón llevaron a una devaluación del dólar antes del discurso de Donald Trump en el Foro Económico de Davos.

Cuando eliminamos de las reservas brutas, realizando una auditoría como corresponde, ese oro del cual no hay contratos firmados ni existe físicamente nos brindan un dato bruto menor a los U$S 40 MM, siendo exactamente U$S 39.748 millones, y ese es solo un punto de la contabilidad creativa que realizarían desde hace más de un año incluso con el FGS que, según datos que poseemos de nuestras fuentes, se encuentra en menos del equivalente a U$S 4 MM cuando lo recibieron en casi 70 MM y desconocemos el monto de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) que todos los días vende los dólares que el BCRA compra e informa en forma diaria pero notamos que es muy superior y hasta llegando a manipular datos del mercado abierto que paradójicamente desaparecen del tablero operaciones como si fuera un reflejo del viejo Experimento Filadelfia.

En los últimos días de esta semana nos enteramos que renunció el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Dr Paul Starc, por no reglamentar la Ley de Inocencia Fiscal con los motivos que anunciamos el 28 de diciembre pasado en esta nota. O sea, para no dejar a nuestra Patria fuera del concierto de las naciones del mundo por permitir el lavado de activos, aunque sea por un monto acotado.