Récord de presos en Argentina: el sistema penitenciario cerró 2024 con niveles históricos de encierro

El encarcelamiento en Argentina alcanzó en 2024 su punto más alto desde que existen registros. Al cierre del año, el sistema penitenciario alojaba a 121.443 personas privadas de la libertad, una cifra que equivale a una tasa de 258 detenidos cada 100.000 habitantes y que confirma una tendencia sostenida de crecimiento del encierro en todo el país.

Los datos surgen del informe “La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos (2024)”, elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), que advierte que el fenómeno no se distribuye de manera uniforme entre las provincias. Córdoba encabeza el ranking con casi 377 personas encarceladas cada 100.000 habitantes, seguida por Mendoza, con 308; Buenos Aires, con 305; y luego Santa Fe y Salta, ambas por encima de los 250.

El documento señala que, en los últimos 25 años, la población carcelaria creció a un promedio anual del 6 por ciento, con la pandemia de Covid-19 como única excepción. En 2024, ese aumento fue incluso mayor y llegó al 7,1 por ciento, consolidando una curva ascendente que no muestra señales de desaceleración.

Este récord de personas detenidas se combina con un problema estructural que persiste pese a la expansión del sistema: la sobrepoblación carcelaria. Según el informe, las cárceles operan al 130,2 por ciento de su capacidad, lo que implica que por cada 100 plazas disponibles hay más de 130 personas alojadas.

Durante el último año, varios gobiernos provinciales -entre ellos los de Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán- inauguraron nuevas unidades o ampliaron las existentes. Sin embargo, el CNPT advierte que estas aperturas no se tradujeron en un alivio real, ya que gran parte de las nuevas plazas fueron ocupadas por traslados de personas que se encontraban detenidas en comisarías.

Para el organismo, la respuesta no puede limitarse a la construcción de más cárceles. El informe identifica como causas centrales del problema el uso sistemático de la prisión preventiva, el aumento de condenas a penas cortas, el endurecimiento de la legislación penal, la reticencia judicial a aplicar medidas alternativas al encierro y la falta de mecanismos eficaces para controlar la sobrepoblación. Todo ello, señala, configura una falla de carácter estructural.

En ese contexto, el documento pone el foco en reformas de la administración de la justicia penal que elevaron escalas penales, ampliaron el alcance de la prisión preventiva, incorporaron nuevos tipos delictivos y restringieron el acceso a penas de ejecución condicional. Estas modificaciones, advierte el CNPT, impactaron de manera directa en el crecimiento del encarcelamiento y en el agravamiento del hacinamiento.

En cuanto a la situación procesal, el informe indica que el 62 por ciento de las personas privadas de la libertad cuenta con condena firme, mientras que el 37,3 por ciento permanece detenida sin sentencia definitiva. Aunque a nivel nacional la prisión preventiva mostró una reducción relativa en los últimos años, persisten fuertes desigualdades entre jurisdicciones.

Neuquén registra el porcentaje más alto de personas condenadas, con el 99,6 por ciento, seguida por Chaco, Chubut y San Juan, todas por encima del 90. En el extremo opuesto, provincias como Formosa, Córdoba, Buenos Aires y Misiones superan el promedio nacional de personas encarceladas sin condena.

Respecto del tipo de delitos, los vinculados contra la propiedad concentran la mayor proporción de la población carcelaria, con el 36,4 por ciento. Les siguen los delitos contra las personas, con el 21,7, y los delitos contra la integridad sexual, que representan el 20,5 por ciento.

El informe también subraya que buena parte de los delitos perseguidos por el sistema penal están asociados a contextos de vulnerabilidad social y atravesados por el género. En particular, los delitos relacionados con estupefacientes tienen un impacto diferencial sobre mujeres y personas trans, lo que suma una dimensión adicional a un escenario marcado por el crecimiento del encierro y el deterioro de las condiciones de detención.