Recambio sin reposo: corrupción, desconfianza y el mapa interno de Milei

El final de enero desordenó un tablero que el Gobierno venía mostrando como estabilizado. En una sola semana, Javier Milei perdió o desplazó al menos a cinco funcionarios de alto rango en áreas sensibles -Justicia, Transporte, energía, empresas públicas, Aduana-, empujados por denuncias de corrupción, sospechas sobre manejo de fondos y fatiga interna. Desde que llegó a la Casa Rosada, ya son unos 215 los funcionarios de primera y segunda línea que dejaron sus cargos: casi dos por semana en 775 días de gestión.

El caso más ruidoso en Justicia fue la renuncia de Paulo Starc a la Unidad de Información Financiera. Había llegado de la mano de Luis “Toto” Caputo y chocó con el corazón del programa económico: la ley de “inocencia fiscal”. Starc advirtió que la norma podía entrar en conflicto con los estándares del GAFI, el organismo internacional que monitorea lavado y financiamiento del terrorismo, y dejó asentadas esas diferencias. Terminó afuera, con la promesa de una silla en el directorio del BICE, y en su lugar entró Ernesto Gaspari, otro nombre apadrinado por el círculo de Caputo, recomendado por Cristian Auguadra, jefe de la SIDE, con pasado compartido en Socma, el holding de la familia Macri.

En Transporte, el descabezamiento llegó desde Davos. Caputo aprovechó la gira internacional para ordenar la salida de Luis Pierrini después de una denuncia periodística por irregularidades en el reparto de subsidios al sector. En la Casa Rosada conviven dos versiones: una atribuye la decisión directamente al impacto de la investigación; otra la vincula con el desembarco de Carlos Frugoni -ex AUSA, ligado al macrismo- como coordinador de Infraestructura, interesado en controlar un área de caja pesada como Transporte. En paralelo se fueron Carlos Casares del Enargas, con una carta donde dejó ver su enojo por haber sido tratado como “prescindible”, y los titulares de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore. En la Aduana de Ezeiza, Gustavo Mariezcurrena duró quince días.

El mayor ruido, sin embargo, vino de Nucleoeléctrica Argentina. Demian Reidel, amigo personal de Milei y cerebro técnico de varios discursos presidenciales, enfrentó una rebelión en el directorio por un informe que detectó posibles sobreprecios en una licitación de limpieza. El vice de la empresa, Germán Guido Lavalle, propuso sumar y correr a dos gerentes involucrados; el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher -hombre de confianza de Santiago Caputo- empujó directamente la remoción preventiva y la designación de un reemplazo, con el argumento de que había que cortar el escándalo antes de que salpicara al presidente. La señal interna fue clara: nadie se considera obligado a “poner las manos en el fuego” por Reidel si eso implica arriesgar la marca Milei.

Detrás de la enumeración de nombres se reorganiza el mapa de poder del propio oficialismo. Después del recambio de gabinete de fin de año, Karina Milei y el clan Menem consolidaron su control político y Manuel Adorni apareció como nuevo articulador de la gestión. Pero la secuencia de estos días muestra que Santiago Caputo conserva resortes decisivos: la UIF, la SIDE, partes claves de Infraestructura, empresas públicas estratégicas. Mientras se presenta una narrativa de “homogeneidad interna”, la administración real de los resortes del Estado sigue pasando por un equilibrio inestable entre la aldea digital de Caputo, el armado territorial de los Menem y la jefatura política de Karina.