Enero se termina y el calor no da tregua en Buenos Aires. Puertas adentro del Congreso, el aire acondicionado funciona tan bien como la capacidad de los legisladores para ignorar lo obvio. Diputados y senadores se preparan para votar en febrero, otra vez, una "modernización laboral". Se habla de extender períodos de prueba, digitalizar recibos, facilitar fondos de cese para algunas industrias.
Desde los palcos, los sindicatos aplauden o abuchean según el color político, defendiendo convenios colectivos que tienen la edad de sus dirigentes. La prensa celebra el "consenso democrático".
Pero si uno apaga el televisor y sale a la calle, se da cuenta de la tragedia: están legislando para un país que ya no existe.
La reforma asume que el problema argentino es cómo despedir más barato en una fábrica o cómo contratar más rápido en una oficina. Todo el andamiaje legislativo -197 artículos, 26 modificaciones a la LCT- gira alrededor de la misma pregunta del siglo XX:
¿Cómo regulamos mejor la relación patrón-empleado?
Ignoran el dato central que todos ven pero nadie quiere nombrar: para casi la mitad de la fuerza productiva argentina, la Ley de Contrato de Trabajo es papel mojado. No estamos ante grietas que necesitan parches. Estamos ante el derrumbe de un edificio mientras discutimos el color de la pintura.
Argentina ya no tiene un mercado laboral. Tiene tres mercados divorciados entre sí:
Para el 65% de los argentinos que trabajan, la discusión sobre la "indemnización del artículo 245" es tan relevante como un tratado sobre navegación espacial.
Si la foto es mala, la película es de terror. Nuestro sistema previsional es de reparto: los activos de hoy pagan las jubilaciones de los pasivos de hoy. Funciona solo si hay muchos jóvenes trabajando en blanco y pocos viejos cobrando.
Pero Argentina cambió. La natalidad se desplomó (de 3,1 hijos por mujer en 1980 a 1,9 hoy). La esperanza de vida aumentó. Vamos camino a ser un país de viejos pobres sostenido por cada vez menos jóvenes que, encima, no aportan formalmente.
El dato: con 40% de informalidad y 25% de monotributistas aportando migajas, la ecuación previsional está matemáticamente quebrada. No habrá plata para los que hoy tienen 30 cuando lleguen a 65.
Seguir prometiendo el "82% móvil" con este esquema no es justicia social. Es una estafa intergeneracional.
La política esquiva este debate porque implica admitir que el "Estado presente" fracasó en dar seguridad y que las herramientas del siglo XX no sirven para los problemas del siglo XXI. Pero no queda tiempo para la negación.
1. El Seguro de Lucro Cesante Universal
Un repartidor que se quiebra una pierna no necesita indemnización por despido. Necesita saber que durante los 30 días que no puede trabajar, su familia no va a pasar hambre.
La solución: Seguro de Salud y Contingencia Universal, obligatorio y portátil. Que no dependa de tener un "patrón", sino de tu actividad económica. Un fondo donde cada trabajador -asalariado, monotributista, plataforma- aporte un porcentaje real de su ingreso para cubrir sus riesgos. Si te enfermás, cobrás. Si tenés un accidente, cobrás. Punto.
Esto no es caridad. Es un seguro. Y debería ser tan obligatorio como tener cédula verde.
2. Capitalización individual (la versión que funciona)
El sistema de reparto está clínicamente muerto porque no nacen suficientes bebés y porque la mitad de los que trabajan no aporta. La única salida: Cuentas Individuales de Capitalización.
Olvídense de las AFJP de los 90. Aquello fue un error de diseño con comisiones abusivas que destruyó el ahorro.
El modelo necesario es simple: Cuentas donde el dinero sea propiedad legal del trabajador desde el primer peso, inembargable y sin intermediarios financieros costosos. Si trabajás remoto para el exterior, aportás a tu cuenta. Si manejás un Uber, aportás a tu cuenta. Si un mes no facturás, no generás deuda, simplemente no aportás ese mes.
Ese dinero crece con el tiempo y te pertenece. El Estado debe garantizar un piso mínimo universal, pero el techo lo pone tu esfuerzo, no la arbitrariedad de la caja política de turno.
Seguir parchando la legislación de 1974 es como arreglar un motor a combustión en un auto eléctrico. El mundo del trabajo cambió. La relación de dependencia vitalicia es una reliquia para una minoría privilegiada.
Las nuevas generaciones valoran autonomía, flexibilidad, trabajo remoto. Pero hoy esa libertad se paga con desamparo total. Si el Congreso aprueba esta reforma "light" en febrero, los políticos se sacarán la foto y dirán que "modernizaron" el país. Mentira. Solo habrán acomodado los muebles en la cubierta del Titanic.
La verdadera reforma asume que el trabajador del siglo XXI es su propia empresa. Y como tal, necesita herramientas básicas: seguro de salud real, sistema previsional sostenible, protecciones portátiles que no dependan de un patrón.
Todo lo demás -las peleas sobre tres meses más de período de prueba, las negociaciones eternas sobre qué industria entra en el fondo de cese- es literatura.
Literatura cara que le estamos cobrando a los que vienen.