El tarifazo eléctrico de Macri, a 10 años: la explicación de Aranguren y el valor de la factura

Este domingo se cumplen diez años de la puesta en marcha del fuerte aumento en las tarifas de electricidad dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri, una de las medidas económicas más significativas del inicio de su gestión y uno de los ejes centrales de su política de recomposición de precios relativos.

El ajuste implicó subas inéditas para los usuarios residenciales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una región que llegaba a ese momento con un pronunciado atraso tarifario en comparación con el interior del país.

La decisión oficial se inscribió en un proceso más amplio de reducción de subsidios al consumo energético, con el argumento de ordenar las cuentas públicas y corregir distorsiones acumuladas durante más de una década.

El anuncio y la magnitud de los aumentos

El Gobierno difundió los nuevos cuadros tarifarios que comenzaron a regir para los usuarios de Edenor y Edesur, con incrementos que incluso superaron los ejemplos presentados días antes por el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren.

Los aumentos alcanzaron niveles excepcionales: los hogares con consumos de hasta 300 kilovatios hora (kwh) por bimestre enfrentaron subas cercanas al 540 por ciento con impuestos incluidos, mientras que en el resto de las categorías domiciliarias, con consumos de hasta 1000 kwh, el ajuste superó el 700 por ciento.

De manera llamativa, los hogares con consumos superiores a los 1000 kwh bimestrales registraron aumentos porcentuales más bajos, inferiores al 500 por ciento, una particularidad que generó cuestionamientos por el impacto relativo del ajuste sobre los usuarios de menor consumo.

El impacto en las facturas residenciales

Los cambios se reflejaron de manera contundente en las boletas. Un usuario residencial de Edesur en la Ciudad de Buenos Aires, con un consumo bimestral de 250 kwh, pagaba hasta entonces una factura total de 31,89 pesos, que incluía cargos fijos, variables e impuestos. Con el nuevo esquema, el cargo fijo pasó de 4,44 a 15,94 pesos y el cargo variable de 0,082 a 0,577 pesos por kwh.

Con ese mismo nivel de consumo, el total a pagar ascendió a 204,86 pesos, lo que implicó un incremento del 542,3 por ciento. El aumento estuvo impulsado tanto por el alza en el costo de la energía como por la incidencia de la carga impositiva asociada.

Subas superiores al 700 por ciento en consumos medios

En la categoría R2, correspondiente a consumos de entre 301 y 650 kwh bimestrales, el impacto fue aún mayor. Un hogar con un consumo de 550 kwh pasó de pagar 47,56 pesos a 399,6 pesos, lo que representó un aumento cercano al 740 por ciento.

Situaciones similares se registraron en las categorías R3 y R4. Un usuario con un consumo de 750 kwh, por ejemplo, vio su factura escalar de 68,20 a 551,14 pesos, un incremento del 708,1 por ciento. En tanto, una familia con un consumo de 850 kwh pasó de abonar 77,89 pesos a 635,65 pesos, lo que implicó una suba del 731 por ciento.

Para consumos cercanos al tope de 1000 kwh bimestrales, los aumentos alcanzaron el 751,5 por ciento, consolidando el carácter excepcional del ajuste en los segmentos de consumo medio.

Ahorro energético, facturación mensual y tarifa social

Para atenuar el impacto del ajuste, el nuevo esquema contempló incentivos al ahorro de energía: los usuarios que redujeran su consumo entre un 10 y un 20 por ciento respecto del mismo período de 2015 accedían a descuentos en el costo de generación.

Además, las distribuidoras comenzaron a facturar el servicio de manera mensual, con el objetivo de suavizar el impacto en el bolsillo de los usuarios.

El Gobierno también implementó un nuevo régimen de tarifa social, vigente desde ese 1 de febrero de 2016, destinado a los sectores más vulnerables. El beneficio incluía la bonificación del consumo de hasta 150 kwh bimestrales en lo que respecta al costo de generación eléctrica.

Los criterios de acceso a la tarifa social

Según lo establecido en la Resolución 7/2016, podían acceder a la tarifa social, entre otros, los jubilados y pensionados con ingresos de hasta dos haberes mínimos, los trabajadores en relación de dependencia con salarios brutos de hasta dos Salarios Mínimos Vital y Móvil, los titulares de programas sociales, monotributistas sociales, beneficiarios del seguro de desempleo y personas con discapacidad.

El régimen también establecía exclusiones vinculadas a la tenencia de más de un inmueble, la posesión de automóviles con menos de 15 años de antigüedad o la titularidad de aeronaves y embarcaciones de lujo.

A una década de su implementación, el tarifazo eléctrico de 2016 sigue siendo recordado como un punto de quiebre en la política energética argentina. Si bien el AMBA arrastraba un atraso tarifario significativo en relación con el interior del país, la magnitud y la velocidad del ajuste marcaron un cambio abrupto en la estructura de costos que enfrentaban los hogares. Sin dudas, la cuestión tarifaria fue uno de los temas que hegemonizó la agenda a lo largo de todo el primer año de Macri.