Llaryora vs. Luis Juez por la licitación de drones: qué hay detrás del choque en Córdoba

El gobierno de Córdoba protagonizó en las últimas horas una dura embestida política contra el senador nacional Luis Juez y el espacio que lidera en la provincia, al que acusó de haber bloqueado una iniciativa clave en materia de seguridad pública.

El eje del conflicto fue la suspensión de una licitación destinada a incorporar un sistema integral de drones de última generación para la Policía de Córdoba, una decisión vinculada al Tribunal de Cuentas y cuestionada con dureza por el oficialismo provincial.

Desde el Ejecutivo, funcionarios y dirigentes del peronismo cordobés sostuvieron que se trató de un bloqueo político sin fundamentos técnicos ni jurídicos, mientras que Juez respondió con acusaciones de corrupción y defendió la intervención del organismo de control.

La licitación en disputa y la intervención del Tribunal de Cuentas

La controversia se originó a partir de la licitación para la adquisición de drones de alta tecnología, que incluía equipamiento, software especializado, capacitación y asistencia técnica para su utilización por parte de la fuerza policial.

Según el gobierno provincial, el proceso había atravesado más de 70 instancias administrativas y contaba con el aval de todas las áreas técnicas y legales del Estado, incluyendo recomendaciones favorables de los equipos técnicos del propio Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, el organismo resolvió frenar el procedimiento, lo que desató una escalada de críticas del oficialismo, que atribuyó la decisión a una maniobra política impulsada por el juecismo.

El control es necesario. El bloqueo político, no.

El juecismo frenó una licitación clave para incorporar drones de alta tecnología a la @PoliciaCbaOf, una herramienta estratégica para la prevención del delito, que se traduce en más seguridad para los cordobeses.

No…

— Nadia Fernández (@NadiaFernandezV) January 25, 2026

Llaryora: “Hacer política partidaria con la seguridad es jugar con la vida de los cordobeses”

El gobernador Martín Llaryora fue uno de los primeros en pronunciarse y apuntó directamente contra la oposición. “Hacer política partidaria con la seguridad es jugar con la vida de los cordobeses”, afirmó.

En ese marco, también cuestionó las posiciones del espacio que encabeza Juez y su vínculo con el armado libertario: “Los libertarios en Córdoba contradicen todo el tiempo al Gobierno nacional en la política de seguridad”, señaló, en alusión a las diferencias entre el discurso nacional y las decisiones locales.

Quinteros: “Eso no es control de legalidad, es militancia disfrazada de dictamen jurídico”

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, fue el funcionario que más duramente cargó contra el juecismo. “Fingen ‘control’, quieren dejar indefensa a Córdoba”, sostuvo, y advirtió que “cuando los organismos de control dejan de controlar y empiezan a hacer política, el problema ya no es un expediente: es la democracia”.

Quinteros remarcó que el dictamen que frenó la licitación no cuestionó aspectos centrales del proceso. “No cuestionan el precio. No cuestionan el procedimiento. No cuestionan la idoneidad de las empresas. No cuestionan la legalidad. Cuestionan la decisión de equipar con tecnología del primer mundo a la Policía de Córdoba”, enumeró.

Según el ministro, “la licitación para incorporar drones de última generación a la fuerza fue frenada sin un solo argumento jurídico”, pese a haber contado con avales técnicos. “Las áreas técnicas del Tribunal de Cuentas aconsejaron aprobar esta inversión en seguridad”, afirmó, y agregó que “el palo en la rueda lo puso lo peor de la política”.

En un tono aún más duro, Quinteros sostuvo que “detrás del cinismo de un supuesto ‘control’, el juecismo, disfrazado de libertario, pretende que haya menos seguridad para los cordobeses” y advirtió que el dictamen contiene “opiniones personales, valoraciones ideológicas y juicios sobre la conveniencia y el ‘tamaño’ de la política de seguridad”.

“Eso no es control de legalidad. Eso es militancia disfrazada de dictamen jurídico”, insistió, y concluyó: “Eso no es oposición. Eso es jugar con la vida de la gente”.

Facundo Torres: “El patrón se repite: demorar, objetar y frenar”

El legislador Facundo Torres también cuestionó con dureza al juecismo y afirmó que la licitación frenada “no era una compra aislada, sino una herramienta clave para prevención del delito, búsqueda y rescate, monitoreo de eventos masivos y apoyo a operativos complejos”.

Torres recordó antecedentes de oposición a otras iniciativas en materia de seguridad: “No es la primera vez que no acompañan o buscan poner trabas cuando se trata de fortalecer la seguridad. Ya se opusieron a la Ley de Seguridad, a la creación de juzgados y fiscalías antinarcotráfico y a la incorporación de armas no letales”.

No se equivoque, señor gobernador: lo que el Tribunal de Cuentas le ha observado es una licitación hecha como un traje a medida. Nada tiene que ver con la seguridad de los cordobeses; es uno de los tantos hechos de CORRUPCIÓN a los que su administración nos tiene acostumbrados.… https://t.co/VNn3YPn0vp

— Luis Juez (@ljuez) January 25, 2026

La respuesta de Luis Juez: acusaciones de corrupción

Ante las críticas del oficialismo, Luis Juez respondió con un mensaje directo dirigido al gobernador. “No se equivoque, señor gobernador: lo que el Tribunal de Cuentas le ha observado es una licitación hecha como un traje a medida”, sostuvo.

El senador rechazó que la medida afecte la seguridad pública y afirmó: “Nada tiene que ver con la seguridad de los cordobeses; es uno de los tantos hechos de corrupción a los que su administración nos tiene acostumbrados”.

Además, redobló la acusación y apuntó contra el sistema judicial: “Si tuviéramos una justicia independiente, usted y su ministro tendrían que estar dando explicaciones”.