Casa Rosada y reforma laboral: cómo es la estrategia para la semana previa

El Gobierno abrió la última semana de negociaciones políticas antes del inicio del tratamiento de la reforma laboral en el Congreso, con una estrategia enfocada en ordenar respaldos parlamentarios y desactivar focos de conflicto que todavía generan resistencia, tanto en el frente provincial como en el sindical.

Con las sesiones extraordinarias a punto de comenzar, la Casa Rosada busca llegar al arranque formal del debate con un escenario más previsible, luego de meses de conversaciones informales y ajustes tácticos que postergaron la discusión en el recinto.

Mesa política y definición de la estrategia

En ese marco, hoy volverá a reunirse en Casa Rosada la mesa política del Gobierno para hacer un balance del estado de las negociaciones y terminar de definir la hoja de ruta legislativa.

Del encuentro participan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

La reunión está prevista para la mañana, ya que por la tarde varios de los integrantes del esquema político acompañarán una recorrida del presidente Javier Milei por Mar del Plata, en una actividad con tono de agradecimiento electoral y proyección hacia 2027.

Bullrich acelera el cierre en el Senado

En la Cámara alta, Bullrich apunta a garantizar los votos necesarios para avanzar con la reforma laboral durante una sesión que el oficialismo buscaría convocar en la segunda semana de febrero.

Durante el receso legislativo, la senadora impulsó una comisión técnica encabezada por la abogada Josefina Tajes, que recibió a representantes de distintos sectores políticos y sociales para escuchar objeciones y propuestas de modificación. Según fuentes parlamentarias, en ese esquema se acumularon cerca de dos mil pedidos de audiencia.

El foco de conflicto: Ganancias y coparticipación

En paralelo, Santilli retomó contactos con gobernadores para sumar respaldos, aunque las negociaciones dejaron expuestas tensiones con algunas provincias clave, especialmente por el artículo que plantea una baja del impuesto a las Ganancias para sociedades, un tributo coparticipable que impacta en los ingresos provinciales.

Para los tramos 2 y 3, la iniciativa propone reducir alícuotas del 30% al 27% y del 35% al 31,5%, respectivamente, lo que motivó reclamos de mandatarios que piden revisiones en el texto o algún esquema de compensación.

En esa línea, los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se mostraron juntos en Cosquín y coincidieron en la necesidad de una modernización laboral, aunque advirtieron que el debate no debe implicar una pérdida de derechos adquiridos.

“Es muy difícil que podamos tener una expresión conjunta en lo que hace el bloque”, sostuvo Llaryora, al reconocer diferencias internas sobre el proyecto. Pullaro, en tanto, remarcó que la discusión debe contemplar la realidad productiva de las provincias y el peso del entramado PyME.

La oposición y los sindicatos buscan frenar la sesión

Mientras el oficialismo ajusta su estrategia, el peronismo y centrales sindicales activaron una ofensiva para impedir que el proyecto llegue al recinto del Senado, con el objetivo de bloquear el tratamiento antes de que se reúna el quórum.

Según plantean desde sectores opositores, reúnen 28 votos, insuficientes para frenar la reforma por sí solos, por lo que trabajan en una estrategia para evitar que se habilite la sesión o se consoliden los apoyos necesarios para su avance.

En paralelo, sindicatos y movimientos sociales anunciaron medidas de presión para visibilizar su rechazo, con críticas al proyecto por considerar que avanza sobre condiciones laborales y debilita el rol de los gremios.

Advertencias gremiales y margen de negociación

En los últimos días, se reunieron el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, y el de la UOM, Abel Furlán, y coincidieron en la necesidad de no esperar hasta el debate parlamentario para impulsar medidas de fuerza.

La CGT, por su parte, ya expresó su rechazo a puntos como el Fondo de Asistencia Laboral para indemnizaciones, la no obligatoriedad de que las empresas sean agentes de retención de aportes y los cambios en los convenios colectivos de trabajo.

Pese a la presión cruzada, desde el oficialismo sostienen que el diálogo sigue abierto, con límites claros. “Hasta ahora estamos escuchando a todos y las cosas que sean razonables y que vayan hacia un mercado laboral que crezca, las vamos a tomar. Somos abiertos y flexibles. Lo que no queremos es que todo quede igual”, afirmó Josefina Tajes.

Con el inicio del debate a la vuelta de la esquina, el Gobierno encara siete días decisivos para cerrar acuerdos y evitar que el conflicto fiscal con las provincias y la ofensiva opositora complique uno de los proyectos centrales de su agenda legislativa.