Fin de la ANDIS: las 11 funciones que Milei le dio a la nueva Secretaría de Discapacidad

El Poder Ejecutivo oficializó el Decreto 27/2026, mediante el cual modificó la estructura del Ministerio de Salud y formalizó los objetivos de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que asumirá de manera plena las competencias vinculadas a las políticas públicas en materia de discapacidad y al otorgamiento de las pensiones no contributivas por invalidez.

La medida se enmarca en la reorganización dispuesta por el Decreto 942/2025, que transfirió al Ministerio de Salud las funciones que hasta entonces estaban concentradas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un organismo que en los últimos años acumuló fuertes cuestionamientos políticos, administrativos y judiciales.

Por ejemplo, a partir del audio atribuido a Diego Spagnuolo, exdirector ejecutivo de la ANDIS, en el que alude a supuestos pedidos de dinero vinculados al entorno presidencial. En la grabación, Spagnuolo menciona la existencia de presuntas coimas que, según su relato, habrían sido reclamadas en nombre de Karina Milei: el famoso 3%.

Reorganización del Ministerio de Salud

El decreto modifica el organigrama aprobado en 2019 y establece formalmente la incorporación de la Secretaría Nacional de Discapacidad dentro del Ministerio de Salud, con dos subsecretarías a su cargo:

• Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos
• Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos

Según los fundamentos oficiales, el objetivo es dotar al área de “plena operatividad”, mejorar la gestión de las políticas de discapacidad y fortalecer los mecanismos de control y ejecución de los programas vigentes.

Los 11 objetivos centrales de la nueva Secretaría de Discapacidad

El decreto aprueba un amplio listado de funciones para la Secretaría Nacional de Discapacidad. Entre ellas, se destacan once objetivos estratégicos que definen el nuevo enfoque del área:

• Elaborar, implementar y evaluar el Plan Nacional de Inclusión para las Personas con Discapacidad, con eje en la igualdad de oportunidades y la integración social.
• Coordinar acciones para garantizar el pleno ejercicio de derechos, conforme a la normativa nacional e internacional vigente.
• Impulsar adecuaciones normativas que permitan asegurar esos derechos, en articulación con otros organismos del Estado.
• Diseñar y coordinar programas nacionales de prevención, promoción, asistencia, protección y rehabilitación.
• Participar en la elaboración de iniciativas oficiales vinculadas a discapacidad en las áreas competentes.
• Asistir al Ministerio de Salud en la ejecución de las competencias previstas en la Ley N° 22.431.
• Intervenir en el otorgamiento, control y revisión de las pensiones no contributivas por invalidez laboral, uno de los núcleos más sensibles del sistema.
• Alinear las políticas públicas con los tratados internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
• Gestionar políticas integradoras para fortalecer la oferta pública y privada destinada a personas con discapacidad, con enfoque territorial.
• Promover incentivos y estímulos fiscales para personas y empresas que desarrollen acciones de inclusión.
• Administrar técnicamente el Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (FONADIS), a través de su Unidad Ejecutora de Proyectos.

Estos puntos concentran el núcleo de responsabilidades que antes estaban dispersas en distintos organismos y que ahora quedarán bajo la órbita directa del Ministerio de Salud.

El trasfondo: cuestionamientos y causas en la ex ANDIS

La creación de la nueva Secretaría se produce en un contexto marcado por fuertes críticas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que durante los últimos años fue señalada por organizaciones del sector, auditorías internas y dirigentes políticos por deficiencias en la gestión de pensiones, demoras en trámites, falta de controles y presuntas irregularidades administrativas.

El escándalo estalló a partir del audio atribuido a Spagnuolo, quien aludió a un supuesto entramado de coimas en las compras que hacía el organismo. En paralelo, la oposición logró avanzar con la declaración de la Emergencia en Discapacidad, pero el Gobierno todavía no la puso en marcha.

Además, existen investigaciones vinculadas al otorgamiento de pensiones por invalidez, presuntas maniobras de fraude, intermediación indebida y uso discrecional de fondos públicos.

Desde el Gobierno sostienen que la disolución de la ANDIS como organismo autónomo y la reasignación de sus funciones al Ministerio de Salud apuntan a mejorar la transparencia, reforzar los controles y ordenar un sistema históricamente cuestionado.