La crisis política en Uganda volvió a escalar luego de que el comandante de las Fuerzas Armadas, Muhoozi Kainerugaba, rechazara públicamente las acusaciones del líder opositor Bobi Wine sobre un presunto ataque contra su esposa durante una redada nocturna en su vivienda de Kampala.
Según denunció Wine, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, soldados ingresaron el sábado por la noche a su residencia ubicada en el suburbio de Magere, agredieron al personal doméstico y sometieron a su esposa, Barbara Kyagulanyi, a un episodio de violencia que la obligó a recibir atención médica. El dirigente aseguró que él no se encontraba en el lugar, ya que permanece oculto tras las elecciones presidenciales celebradas el 15 de enero.
Las acusaciones fueron desestimadas por Kainerugaba a través de redes sociales. El jefe militar afirmó que el Ejército no agrede a mujeres y calificó la denuncia como una pérdida de tiempo, señalando que el objetivo de los operativos sería localizar a Wine, a quien describió como un fugitivo. Las declaraciones generaron un fuerte repudio en sectores opositores y organizaciones civiles.
El episodio ocurre en un contexto de alta tensión política. En los comicios de enero, el presidente Yoweri Museveni, en el poder desde 1986, fue declarado ganador con más del 70 por ciento de los votos. Wine quedó en segundo lugar y rechazó el resultado, denunciando fraude, intimidación y un uso excesivo de las fuerzas de seguridad durante la campaña y el escrutinio.

Bobi Wine, exestrella del pop reconvertida en figura política, se consolidó en la última década como el principal referente de la oposición ugandesa, especialmente entre los jóvenes urbanos. Desde su irrupción en la escena electoral ha sido detenido en reiteradas oportunidades, enfrentó procesos judiciales y denunció persecución sistemática por parte del Estado.
Diversos grupos de derechos humanos sostienen desde hace años que el gobierno de Museveni utiliza al Ejército y a las fuerzas de seguridad para reprimir la disidencia política, limitar la protesta social y debilitar a la oposición. El oficialismo rechaza esas acusaciones y argumenta que las medidas responden a necesidades de seguridad nacional.

Mientras persisten las versiones cruzadas, no está claro por qué los militares buscan actualmente a Wine ni si existe una orden judicial en su contra. El caso suma presión internacional sobre el gobierno ugandés y profundiza un escenario de confrontación que mantiene al país bajo observación regional e internacional.