Venezuela rompe el monopolio estatal del petróleo: qué cambia y qué no

Durante años, el debate petrolero en Venezuela estuvo secuestrado por una falsa dicotomía: o control absoluto del Estado o entrega de la soberanía. Esa narrativa, más ideológica que económica, terminó produciendo el peor de los resultados posibles: menos producción, menos inversión, menos renta y un Estado cada vez más débil.

La reciente reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos debe leerse, antes que nada, como lo que realmente es: una admisión tácita del fracaso del modelo estatista extremo que se impuso desde comienzos de este siglo.

Venezuela 

El agotamiento del modelo estatal

No es una reforma liberal en sentido estricto, pero sí es una reforma que confirma, por la vía de los hechos, que el Estado venezolano no puede, ni debe, operar solo el sector petrolero.

Esto pone fin a una ilusión ideológica. La Ley de Hidrocarburos de 2001 se construyó sobre una premisa equivocada: que el Estado, por el solo hecho de ser propietario del recurso, podía sustituir al mercado, al capital privado y a la gestión especializada. Mientras los precios fueron altos y la capacidad operativa heredada se sostuvo, la ilusión se mantuvo. Cuando esas condiciones desaparecieron, el modelo colapsó.

La necesidad económica detrás de la apertura

Hoy, con una industria deteriorada, sin acceso a financiamiento y con una empresa estatal incapaz de asumir riesgos, el propio Estado se ve obligado a abrir espacios al capital privado, permitir que este opere, invierta, comercialice y asuma el riesgo que antes se pretendía monopolizar.

Eso no es una concesión ideológica: es una necesidad económica.

Venezuela pone fin al monopolio estatal del petróleo y habilita la entrada de inversión privada.

Lo que la reforma reconoce, aunque no lo diga

La reforma introduce elementos que durante años fueron demonizados en el discurso oficial:

• Reconoce el retorno de la inversión como principio legítimo.
• Permite la operación privada a riesgo propio.
• Flexibiliza las regalías e impuestos para hacer viables los proyectos.
• Autoriza la comercialización directa, corrigiendo uno de los mayores cuellos de botella del modelo anterior.
• Abre la puerta a mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Todo esto confirma una verdad incómoda para los defensores del estatismo: sin inversión privada no hay producción, y sin producción no hay soberanía real.

Los límites de una reforma incompleta

Dicho esto, sería un error presentar esta reforma como una transformación profunda. Desde una visión liberal, sus límites son evidentes.

El Estado sigue siendo juez, parte y operador. La discrecionalidad administrativa permanece intacta. No existe un regulador independiente, no hay competencia abierta ni licitaciones transparentes, y la seguridad jurídica continúa dependiendo más del funcionario que de la ley.

Riesgos políticos y lección de fondo

La apertura existe, pero es selectiva, condicionada y politizada. El riesgo es claro: sustituir un estatismo improductivo por un capitalismo de amigos, igualmente ineficiente y corrupto.

Además, se evita deliberadamente cualquier discusión seria sobre concesiones, derechos estables o propiedad económica de largo plazo, elementos esenciales para atraer inversión robusta y sostenida.

Más allá del texto legal, la reforma deja una lección que el país no debería ignorar: la ideología no produce petróleo; la inversión, la gestión y las reglas claras sí.

La soberanía no se mide por cuántos decretos controla el Estado, sino por cuánta riqueza genera para su gente. Un campo petrolero vacío no es soberanía; es fracaso.

A mi lo que me sorprende de este asunto es que Venezuela tenia 50 años sin hacer una reforma tal a la ley de hidrocarburos, nos guste o no, es un hito histórico, Dios quiera que para bien. pic.twitter.com/1D95B7Hc0O

— 𝒮𝓇 𝑀𝑒𝒿𝒾𝒶𝓈🇻🇪 (@EscXdios) January 23, 2026

Una discusión que ya no es ideológica

Desde una visión liberal, esta reforma es apenas un primer paso, incompleto y tardío, pero revelador. Demuestra que incluso quienes defendieron durante años un modelo cerrado hoy se ven obligados a acercarse, aunque sea parcialmente, a las soluciones que el liberalismo ha propuesto siempre: más mercado, menos discrecionalidad, más reglas y menos dogma.

Si Venezuela quiere realmente recuperar su industria petrolera, el debate debe ir más allá de reformas parciales y coyunturales. Necesita un marco donde el Estado regule con firmeza, pero deje de competir con quienes sí saben invertir, operar y producir.

Esta reforma no es el punto de llegada. Es, en todo caso, la prueba de que el camino anterior se agotó.

Y cuando incluso el poder reconoce eso, la discusión ya no es ideológica. Es histórica.