A través del Decreto 33/2026, el Gobierno nacional oficializó un movimiento de piezas clave en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). El organismo, encargado de la emisión de DNI y pasaportes, quedó en el centro de la escena política tras la renuncia de Pablo Santos y la designación de su reemplazo, Diego Pérez Lorgueilleux.

El nombre de Diego Pérez Lorgueilleux no es nuevo en los expedientes judiciales de alto impacto. El abogado, que llega al cargo impulsado por el ministro del Interior Diego Santilli, era el director general de Habilitaciones y Permisos de la Ciudad cuando ocurrió la tragedia de la fiesta electrónica Time Warp en Costa Salguero, donde fallecieron cinco jóvenes.
En 2017, el juez Sebastián Casanello lo imputó por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar fallas en el control del evento. Sin embargo, su situación judicial se resolvió años después: la Cámara Federal dictó su sobreseimiento definitivo al entender que la habilitación administrativa cumplía con la normativa y que las responsabilidades penales recaían sobre los organizadores y los controles directos en el predio.
El recambio también pone el foco en quien deja el cargo. Pablo Santos se aleja del RENAPER mientras su nombre figura en la megacausa Securitas. La jueza Sandra Arroyo Salgado investiga un esquema de presuntas coimas y direccionamiento de contratos de seguridad privada hacia empresas vinculadas a la firma internacional.
Santos fue indagado en marzo de 2025 bajo la sospecha de haber recibido beneficios económicos a cambio de favorecer a ciertos proveedores durante su gestión administrativa en el organismo. El traspaso de mando en un área tan sensible como el registro de identidades pone el foco en los expedientes judiciales de los elegidos.
Este movimiento forma parte de una ola de renuncias y enroques que afectó a la UIF, Transporte y Energía en el inicio de 2026. Con la llegada de hombres de confianza de Diego Santilli y Karina Milei a puestos estratégicos, el oficialismo busca consolidar la gestión operativa de cara a un año legislativo que se prevé intenso.