El Gobierno se negó a informar dónde está el oro argentino en plena causa por YPF

El Gobierno nacional rechazó un pedido para revelar la ubicación de las reservas de oro de la Argentina, en el marco del juicio por la expropiación de YPF que se tramita en Estados Unidos. La presentación fue realizada ante el juzgado de la jueza Loretta Preska y apunta a identificar activos del Estado que puedan ser alcanzados por una eventual ejecución de la sentencia.

La negativa fue dada a conocer por el especialista Sebastián Maril, quien explicó que la defensa argentina sostuvo que el oro pertenece al Banco Central de la República Argentina y que, por tratarse de un organismo independiente, el Tesoro no tiene acceso a esa información. En la misma línea, el Gobierno también rechazó el pedido para que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar ante el tribunal.

Según la posición oficial, cualquier requerimiento vinculado a las reservas deberá canalizarse directamente a través del Banco Central. Con esta postura, el Ejecutivo busca cerrar una vía de información sensible que los beneficiarios del fallo intentan explotar para localizar activos embargables.

El reclamo forma parte de la estrategia de los fondos que obtuvieron la sentencia favorable por USD 16.000 millones, quienes procuran establecer conexiones entre distintos organismos del Estado para que la jueza pueda avanzar en la ejecución. Mientras tanto, la Argentina mantiene apelado el fallo y espera una definición de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.

Presión judicial y acusaciones de hostigamiento

A mediados de enero, la Procuración del Tesoro salió a responder un pedido de desacato presentado por Burford Capital y desde Argentina se calificó esa maniobra como una estrategia de “hostigamiento procesal”. Asimismo, oficialmente se informó que el país cumplió “plena y ampliamente” con el proceso de discovery, con la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de distintos funcionarios.

Según la defensa argentina, las nuevas presentaciones del fondo apuntan a imponer solicitudes “intrusivas y desproporcionadas” como forma de presión para forzar una negociación. En la Casa Rosada interpretan que ese esquema busca generar ruido político y financiero en un momento delicado para la gestión.

La estrategia de “poner arena en los engranajes”

La Procuración también vinculó el pedido de desacato con declaraciones atribuidas al CEO del fondo ante inversores, en las que habría admitido que la estrategia consiste en “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica argentina. Para el Gobierno, ese enfoque confirma que el litigio excede lo estrictamente judicial y apunta a condicionar al país en el plano financiero.

Desde el Ejecutivo sostienen además que la posición procesal de Burford se debilitó en los últimos meses. Entre los antecedentes mencionan la audiencia de apelación del fallo, que habría impactado negativamente en el valor de mercado del fondo, el stay otorgado por la Cámara de Apelaciones sobre la orden de entrega de acciones de YPF y el respaldo explícito de Estados Unidos, Israel y otros países a la postura argentina.

Una apelación clave y definiciones en suspenso

La causa atraviesa una instancia decisiva desde fines de octubre, cuando la Argentina expuso sus argumentos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito para revertir la condena dictada en 2023. El tribunal, integrado por los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson, deberá resolver si confirma o revoca la sentencia que obliga al país a pagar USD 16.000 millones por la expropiación del 51% de YPF.

Mientras no haya una definición, el Gobierno remarca que seguirá cumpliendo con el discovery dentro de los límites que imponen la Constitución y las leyes locales. El descargo formal frente al planteo de Burford está previsto para el 19 de febrero y, por ahora, no se esperan resoluciones judiciales inmediatas.