Con el Régimen Penal Juvenil ya incorporado formalmente al temario de sesiones extraordinarias, el Congreso comienza a delinear cómo será el tratamiento legislativo de uno de los proyectos más sensibles de la agenda del Gobierno.
Desde el oficialismo admiten que el debate será prolongado, con un paso inicial por la Cámara de Diputados y un recorrido más lento en el Senado.
La diputada nacional de La Libertad Avanza Karen Reichardt fue una de las primeras voces en defender públicamente la baja de la edad de imputabilidad. A través de un video difundido en redes sociales, sostuvo que se trata de “un debate demasiado postergado” y remarcó que “no se trata de ideologías políticas, sino de sentido común”.
“Queremos que las personas que delinquen, tengan la edad que tengan, las paguen. Ahora en extraordinarias de febrero vamos con todo con eso”, afirmó la legisladora, que sintetizó su postura con la consigna “delito de adulto, pena de adulto”.
De acuerdo a fuentes parlamentarias, la expectativa del Gobierno es que el Régimen Penal Juvenil no tenga una sanción rápida durante el período de extraordinarias, previsto del 2 al 27 de febrero. En particular, en el Senado descartan un tratamiento acelerado.
En la Cámara baja, en cambio, se analiza retomar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en 2024, que ya fue debatido en un plenario de cuatro comisiones y que había logrado un dictamen de mayoría proponiendo reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
No obstante, en el oficialismo no descartan que el presidente Javier Milei decida retirar esa iniciativa y enviar un nuevo proyecto. El texto original impulsado por el Ejecutivo proponía una reducción aún mayor, con imputabilidad desde los 13 años.
La diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, explicó que antes de convocar a un nuevo plenario deberán conformarse las comisiones de Justicia y de Familia y Minoridad.
Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal ya quedaron integradas y serán presididas por Bertie Benegas Lynch y la propia Rodríguez Machado, respectivamente.
El dictamen alcanzado en 2025 perdió estado parlamentario tras el cierre del período ordinario y la nueva integración de las cámaras, pero el trabajo previo sigue vigente. Aquel consenso había reunido 12 proyectos distintos y demandó ocho meses de debate con especialistas convocados por distintos bloques.
El proyecto discutido en 2024 no se limitó a la pena de prisión. También contempló sanciones alternativas como amonestaciones, prohibiciones de contacto o acercamiento, restricciones para salir del país o del lugar de residencia, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad.
Estas medidas estaban previstas para casos sin resultado de muerte, sin antecedentes firmes y con penas menores a seis años, siempre con dictamen previo de una junta interdisciplinaria.
Desde la oposición dialoguista, la exdiputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli planteó reparos al enfoque exclusivamente punitivo. Señaló que su espacio trabajó en un proyecto integral que combina sanción penal con un sistema de resocialización del menor.
“La baja de imputabilidad por sí sola no soluciona nada. Es necesaria una propuesta que obligue a terminar los estudios, controle la salud y garantice la reinserción social”, advirtió.
Campagnoli recordó además que el actual sistema tutelar para menores de 16 a 18 años data de 1980 y deja amplias decisiones en manos del juez, sin las garantías procesales que sí tienen los adultos.
En los últimos días, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, volvió a instalar el tema en la agenda pública al ratificar que el oficialismo avanzará con la baja de la edad de imputabilidad.
Menem vinculó el debate a casos recientes de alto impacto, como el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, y sostuvo que “no hay medias tintas: el que las hace, las paga”.
En la misma línea, la senadora libertaria Patricia Bullrich anticipó que durante 2026 se abrirá formalmente la discusión en la Cámara alta, en un debate que promete ser largo, atravesado por fuertes posiciones políticas y sociales.