El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, lanzó una dura crítica contra el Gobierno nacional por la licitación para la provisión de caños de un gasoducto estratégico vinculado a Vaca Muerta y advirtió que la decisión expresa una definición política de fondo sobre el modelo de desarrollo del país.
A través de un extenso mensaje publicado en la red social X, Pesatti sostuvo que el proceso va mucho más allá de una cuestión administrativa o técnica y que implica un retroceso para la industria nacional, al permitir que una obra clave para el sector energético quede en manos de una empresa extranjera.
Según el vicegobernador, la adjudicación pone en riesgo la capacidad industrial instalada en la Argentina y afecta de manera directa a miles de trabajadores que sostienen la cadena de valor del sector energético. En ese sentido, afirmó que el país cuenta con conocimiento, infraestructura y recursos humanos suficientes para llevar adelante este tipo de obras sin depender de proveedores externos.
Pesatti fue más allá y vinculó la licitación con el rumbo general del Gobierno, al que acusó de avanzar en un proceso de desmantelamiento del Estado y de las capacidades estratégicas construidas durante décadas, bajo el argumento del libre mercado. Para el dirigente rionegrino, ese camino configura una “locura libertaria” que compromete el presente y el futuro productivo del país.
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— Pedro Pesatti (@pedropesatti) January 27, 2026
UNA LICITACIÓN PARA REVENTAR LA INDUSTRIA ARGENTINA
No es ninguna novedad que el Grupo Techint ni Paolo Rocca sean santos de mi devoción. Han sido, de hecho, sostén explícito de este experimento libertario que hoy somete a la Argentina a una crueldad social inédita:… pic.twitter.com/vul2HgdgaN
Las declaraciones del vicegobernador también se leen en clave política provincial, ya que se producen en un contexto de diferencias cada vez más visibles con el gobernador Alberto Weretilneck. Aunque ambos integran el mismo espacio político, Pesatti viene marcando posiciones propias en temas estratégicos y cuestionando decisiones que, a su criterio, afectan los intereses productivos de la provincia.
En su mensaje, remarcó que defender la industria nacional no significa proteger intereses empresariales particulares, sino garantizar el derecho de la sociedad a trabajar, producir y desarrollarse con recursos propios, especialmente en una región clave para el desarrollo energético como la Patagonia.
El planteo se da en medio de la controversia por la adjudicación de la provisión de tubos para el gasoducto que conectará Vaca Muerta con Río Negro, una obra asociada al proyecto de exportación de Gas Natural Licuado del consorcio Southern Energy (SESA), integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y la noruega Golar LNG.
Por primera vez en décadas, la licitación fue ganada por la empresa india Welspun, que presentó una oferta cercana a los 203 millones de dólares para un trazado de unos 480 kilómetros, con un precio alrededor de 40% inferior al inicial del Grupo Techint, cuyo CEO es Paolo Rocca.
Desde la Casa Rosada descartaron avanzar con medidas antidumping y defendieron la adjudicación a la oferta más barata. “No vamos a pagar más caro los caños”, señalaron fuentes oficiales, al justificar la decisión.
El presidente Javier Milei respaldó públicamente el resultado de la licitación y cuestionó a quienes critican la apertura económica. En la misma línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que adjudicar a un proveedor más caro hubiera reducido la rentabilidad del proyecto, afectado inversiones, empleo y exportaciones, e incluso encarecido el precio de la energía.
Techint analiza denunciar a Welspun ante la Comisión Nacional de Comercio Exterior por presunto dumping, al considerar que la oferta extranjera solo habría sido posible mediante prácticas desleales, con insumos de origen chino y sin contemplar costos habituales como aranceles, logística y gastos financieros.
Desde el grupo industrial advierten que el proyecto representa más del 60% del mercado local de tuberías y que, con los beneficios fiscales del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el Estado argentino estaría favoreciendo empleo en India y China en detrimento de la producción nacional.
Mientras el Gobierno ratifica la validez del proceso licitatorio y descarta modificar el contrato ya adjudicado, la controversia sigue abierta y suma tensión política, industrial y federal, con impacto directo en una de las obras energéticas más relevantes del país.