A días del inicio de las sesiones ordinarias, el oficialismo acelera las negociaciones en la Cámara alta para destrabar la reforma laboral. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encabeza una serie de reuniones críticas con la UCR, el PRO y sectores "silvestres" de las provincias. El objetivo es alcanzar el número mágico de 37 senadores para asegurar el quórum, pero un detalle técnico en el dictamen amenaza con hacer saltar los acuerdos por los aires.
La mayor señal de alerta entre los senadores dialoguistas, especialmente en el bloque radical liderado por Eduardo Vischi, es el polémico Artículo 212. Este apartado establece que capítulos clave —como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y el régimen de incentivos impositivos— entrarán en vigencia solo cuando el Ministerio de Economía lo disponga.
En los pasillos del Congreso, la interpretación es unánime: se trata de una facultad delegada encubierta para Luis "Toto" Caputo. "Es como dejarle la llave de la reforma al Ejecutivo para que la use según su necesidad de equilibrio fiscal", deslizaron desde un importante despacho opositor. Esta cláusula genera desconfianza en quienes ya se sentían "quemados" por las negociaciones de las sesiones extraordinarias pasadas.

Mientras Bullrich "pesca" en el Senado, el ministro del Interior, Diego Santilli, prepara un viaje relámpago a Corrientes para reunirse con el gobernador Juan Pablo Valdés. El mandatario correntino, aunque aliado, puso el grito en el cielo por los cambios en el Impuesto a las Ganancias.
Según advierten desde el entorno de Valdés, la reducción de alícuotas para grandes empresas impactaría directamente en la coparticipación federal. Para la provincia de Corrientes, la reforma laboral tal como está redactada significaría una pérdida de 5.000 millones de pesos en sus arcas. A cambio del apoyo, el gobernador exige el pago de deudas previsionales y la reactivación de la obra pública en rutas nacionales.
Con 21 senadores propios, Patricia Bullrich está obligada a seducir a los 10 radicales y 3 del PRO. Las próximas horas serán de "peine fino" sobre el dictamen. Si el Gobierno no cede en el artículo que empodera a Economía o no ofrece compensaciones fiscales a las provincias, el lunes 2 de marzo -inicio del ciclo legislativo- podría comenzar con un revés político de magnitud para la Casa Rosada.
TM